En rueda de prensa, el asesor jurídico de CGT, Adolfo Sánchez, advirtió de que los estatutos del sindicato impiden apoyar cualquier tipo de medida que signifique la suspensión de contratos en la administración pública.
Sánchez entiende que la medida supondría un “agravio comparativo” con el resto de desempleados de la ciudad, dándose la “sensación” de que los trabajadores del Ayuntamiento son “unos privilegiados” al percibir la totalidad de sus salarios sin prestar ningún tipo de servicio.
CGT descarta “totalmente” suscribir ningún ERE o ERTE en la empresa pública, ya que “abriría la puerta” a ajustes de personal en otros ayuntamientos andaluces.
El sindicato lamentó que el planteamiento del Consistorio jerezano se haya producido tras la “privatización” de numerosos servicios públicos, considerando un contrasentido que ahora se apueste por “amortizar” puestos de trabajo cuando “se necesita personal” para atender esas prestaciones.
Adolfo Sánchez recordó además que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha rechazado hasta ahora todos los expedientes de regulación presentados por los ayuntamientos, salvo en el caso de Almensilla (Sevilla), encontrándose en cualquier caso impugnado el procedimiento por CCOO y UGT.
Por su parte, Nieves Calvillo calificó de “esperpéntico” el ERTE, que a su juicio contempla “prejubilaciones encubiertas”, en lo que constituiría un “fraude de ley”.
Además, Calvillo consideró que la decisión no se encuentra debidamente justificada, sobre todo si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento gasta “mucho dinero” todos los meses en “comprar horas” a sus trabajadores, lo que en su opinión evidencia que la plantilla no está sobredimensionada.
En otro orden de cosas, Calvillo cuestionó que el Gobierno local vaya a renunciar a algunos de sus asesores, expresando su convencimiento de que quienes causen baja serán nombrados “coordinadores generales” de distintas áreas municipales.
La asesora jurídica de CGT insistió en la intención del sindicato de impugnar el ERTE, advirtiendo de que la central tiene “mucha paciencia” en este tipo de asuntos. “Acudiremos a los tribunales y, aunque el proceso no se paralizará, será el TSJA el que tenga que decidir”, concluyó Calvillo. La Delegación municipal de Recursos y los sindicatos tuvieron ayer una primera toma de contacto encaminada a poner en marcha el ERTE. El objetivo es que la tramitación pueda estar concluida en cuestión de un mes, para que el expediente entre en vigor en febrero de 2010.
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