La deuda histórica va a centrar la actividad de PSOE e IU aunque con objetivos diferentes. Mientras los socialistas defenderán la idoneidad del acuerdo de liquidación alcanzado entre Junta y Estado, IU iniciará una campaña para que no se abone con bienes y solares estatales, sino mediante dinero contante y sonante, ya que consideran que podría hipotecar en 113 millones las arcas andaluzas.

El secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, explicaba ayer que su partido ha puesto en marcha la segunda campaña en lo que va de año sobre la Disposición Adicional Segunda del Estatuto que, bajo el lema "La deuda histórica ya es historia", pretende trasladar la idea de que la Junta ha cumplido con esta reivindicación, a la que el PP "ha dado la espalda".

Cuñas de radio, inserciones publicitarias en los periódicos y cartelería, por valor de cerca de 100.000 euros, servirán de soporte a la segunda campaña que los socialistas andaluces emprenden para difundir los "beneficios" que reportará a la comunidad el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Gobierno para liquidar la deuda histórica.

Además de decir que esta reivindicación ha pasado ya a la historia, los socialistas sostienen que el acuerdo implica pasar de una deuda histórica a una "promesa cumplida", un viejo contencioso resuelto gracias al trabajo de los gobiernos de España y Andalucía, apuntan.

"No vamos consentir que el PP mienta a los ciudadanos", manifestó Velasco, quien aseguró que la negociación entre ambas administraciones ha sido "durísima" y que el resultado supone el "cumplimiento" de su partido del Estatuto.

La campaña, que se prolongará durante unas dos semanas, cuenta con varias ideas fuerza, entre las que destaca la denuncia de que el PP "siempre está de espaldas" a Andalucía.

"No es lo mismo estar que estar a tu lado. El PP de Javier Arenas bloqueó la liquidación de la deuda histórica durante los ocho años de Aznar (en el Gobierno)", recoge la propaganda socialista, que denuncia que era "tan firme su decisión de agraviar a Andalucía que Rajoy decía que la deuda histórica jurídicamente no existía porque no está en ninguna ley".

Recuerda que la estrategia de Aznar, con el "apoyo sumiso" de Arenas, fue la de la "asfixia económica y los agravios" a Andalucía y destaca que, pese a este "triste" pasado, el líder del PP andaluz critica ahora el acuerdo.

"El acuerdo es bueno para Andalucía y lo demás es ruido, demagogia y humo del PP", aseguró Velasco, que reprochó a los populares que "no hayan movido un dedo" para zanjar esta reivindicación porque "nunca" han creído en ella.

El secretario de Organización, que calificó a Arenas como el "señor del no", contrapuso los "obstáculos y muros" de los populares con la idea de que fue un Gobierno de PSOE el que empezó a a resolver este contencioso y otro gobierno socialista el que ha puesto el "punto final".

El contenido de la campaña señala, en este sentido, que "sólo el PSOE ha apostado de manera clara por dar a los andaluces lo que nos corresponde por justicia".

Además, hace referencia a la forma de pago de la deuda histórica con 420 millones en dinero "contante y sonante"; la cesión de Agesa, sociedad que gestiona los activos de la Expo 92 y da "importantes beneficios anuales (9 millones al año)", y a la cesión de terrenos para la construcción de unas 4.000 viviendas.

Esta iniciativa supone la segunda campaña que emprende el PSOE en lo que va año, ya que la primera, con el eslogan "Lo prometido ya no es deuda", se difundió durante el pasado mes de marzo, días después de que la Junta y el Ministerio de Administraciones Públicas acordarán su cuantificación en 1.204 millones.

113 millones perdidos en hipotecas, según Valderas


Mientras, IU inició ayer una campaña para recabar el máximo apoyo institucional y ciudadano con el fin de lograr que se revoque el acuerdo para hacer efectivo el pago de la deuda histórica del Estado con Andalucía en solares y conseguir que se efectúe en dinero.

Así lo anunció ayer en rueda de prensa en Huelva el coordinador regional de dicha formación, Diego Valderas, quien explicó que con la campaña pretenden "recuperar un derecho histórico de los andaluces y conseguir que sea pagada tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía".

La primera iniciativa de esta campaña es la presentación de una moción en las Diputaciones, Ayuntamientos e instituciones de Andalucía en la que se especifica que "queremos que la deuda, los 784 millones que el Estado debe a Andalucía se pague en dinero tal y como se especifica en el Estatuto".

El objetivo de IU, según Valderas, es recabar el "máximo apoyo institucional y ciudadano" a la vez que denunciar la actitud "vergonzante" del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que "ha renunciado, con el pago en solares, a un derecho histórico de los andaluces y al propio estatuto".

Según el coordinador regional de IU, de no producirse una revocación del acuerdo que recoge el pago de la deuda en solares "se produciría una ruptura del consenso estatuario que se logró en su día".

Asimismo, destacó que la fórmula adoptada para el pago, "le puede costar a los andaluces más de 100 millones de euros, pues la puesta en valor de los 784 millones de euros, con una hipoteca a 10 años y a un interés del 2,5 por ciento supondrían 113 millones".

"Andalucía no debe perder un 20 por ciento de la deuda histórica, sobre todo en un momento en que se necesitan numerosos recursos para crear empleo", manifestó.

Además de la presentación de la moción, la campaña incluye el reparto de información, cartelería, más de 100.000 dípticos y vallas publicitarias y, en torno al 28 de febrero, una movilización de cargos públicos que, en caso de no producirse cambios, volvería a repetirse coincidiendo con el 20 de marzo.

La moción que se presentará en las diputaciones, ayuntamientos e instituciones para su aprobación recoge el rechazo expreso al acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de asuntos económicos y financieros Estado-Andalucía, del pago en solares e instar al Gobierno andaluz a anular la decisión adoptada por sus representantes en el seno de dicha comisión.

Asimismo, se propone instar al Ejecutivo andaluz y al Parlamento autonómico a interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por ser el acuerdo contrario a lo recogido en el Estatuto y a exigir al Estado la compensación de intereses y costes sobrevenidos como consecuencia de convertir en dinerarios el patrimonio transferido.