Si la proliferación sin control de parques solares en el conjunto del territorio nacional ha hecho saltar las alarmas en el mundo rural y entre colectivos conservacionistas, la argucia que han encontrado los promotores para facilitar la tramitación en el ámbito autonómico ha llevado a organizar finalmente una respuesta coordinada para poner freno a un modelo energético “centralizado, invansivo y especulativo”.
La Alianza Energía y Territorio Aliente, integrada por más de 140 organizaciones, ha puesto en marcha una campaña en contra de la fragmentación de los megaproyectos, con un requerimiento dirigido a los gobiernos regionales a disposición de cualquier ciudadano para que se inhiban de tramitar dichos expedientes
Luis Bolonio, portavoz de la organización, explica que, “si la potencia de una planta supera los 50 megavatios, la competencia para su autorización corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; si no los supera, la competencia para su tramitación es de la comunidad”, cuyos controles son menos estrictos. De manera que, “para acceder a la lluvia de licencias y subvenciones millonarias”, numerosas empresas están presentando subproyectos por debajo del límite para llevar a cabo el procedimiento con la administración autonómica y camuflar el impacto medioambiental, en lo que consideran un presunto fraude de ley.
Esta misma semana, Francisco C. Aleu advertía en las páginas de VIVA JEREZ que solo dos firmas, Repsol y Magtel, se reparten por igual dos tercios del negocio de las plantas fotovoltaicas que se están desarrollando actualmente en el municipio. Concretamente, citaba hasta tres sociedades propiedad de Magtel y con idéntico domicilio fiscal (Odin Solar, Hermod Solar o Loki Solar) con proyectos previstos para la localidad por debajo de los 50 megavatios. En el caso de Repsol, la compañía tramita, por medio de la filial Arco Energía 1 S. L, hasta cinco instalaciones, según la documentación facilitada por Mariano Maestu, representante de la Asociación Amigos de la Naturaleza (Analajanda).
Maestu explica que, en el conjunto de la provincia de Cádiz, hay muchos más ejemplos con empresas como Solar Century Holding España S. L, con cinco plantas entre San José del Valle y Jerez; o Abei Energy CSPV TWO S. L, con otras cinco entre Arcos y El Puerto de Santa María. En el caso de Alcalá de los Gazules, los proyectos Alamak y PSF Alya Solar, ambos de 49,93 megavatios inicialmente, están promovidos por Alamak solar S. L. y Alya Solar S. L, con el mismo domicilio fiscal; PSF Gazules I y PSF Gazules II, también rozando los 50 megavatios, están impulsados por Fotovoltaica S. L, y Gazules II Solar S. L, con idéntica dirección; y también teme que se haya troceado un proyecto de cien megavatios en dos con el nombre PSF OPD Gazules I y PSF OPD Gazules II.
El patrón se repite en el resto de provincias andaluzas. Especialmente, apunta Bolonio, en Málaga o Granada. Aunque Almería es una de las zonas más calientes por la incidencia mediambiental de los planes de las grandes empresas.
Francisco Valera, científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, explica que “la notable riqueza de la flora y la fauna del Campo de Tabernas y su riqueza arqueológica” están amenazadas por la ocupación de placas en una extensión de hasta 2.700 hectáreas. “Es un cambio de uso del suelo brutal en muy poco tiempo -advierte- con serias consecuencias para el ecosistema”, que sufre desde hace unos años igualmente con la implantación de cultivos de regadío. Precisamente, se hacen necesarios cuantiosos recursos hídricos: por cada metro cuadrado de paneles fotovoltaicos es necesario gastar un litro de agua de buena calidad en su limpieza al menos tres veces al año; en Tabernas harán falta 80 millones de litros de agua al año.
Por otro lado, si bien el área afectada, poco productiva de llanura, con terrenos agrarios de baja productividad y zonas esteparias, podría ser considerada marginal, lo cierto es que “alberga valores naturales únicos, con comunidades de aves esteparias” exclusivas en Europa y el mundo que podrían verse mermadas a causa de los accidentes provocados por las instalaciones de las líneas de alta tensión o las corrientes cálidas generadas por las placas solares.
Además, los proyectos tienen un considerable impacto paisajístico, muy especialmente en el entorno del yacimiento arqueológico de Los Millares. Sin embargo, los estudios de impacto ambiental elaborados por la administración autonómica al respecto“son muy deficientes y demasiados sesgados”, lamenta. Y, al hilo, plantea que la Junta tampoco considera el efecto acumulado de cada proyecto entre sí y con los ya realizados.
En un reciente artículo, Valera apuntaba que “dada la cantidad de proyectos que pretenden desarrollarse en el Campo de Tabernas (y otras zonas peculiares de España), el problema al que nos enfrentamos se puede resumir entonces en la conocida frase la dosis hace el veneno”. Y añade: “Queda preguntarse, ¿tienen los responsables de la ordenación del territorio una planificación previa? ¿Se tendrá en cuenta el espacio dedicado ya a cultivos y a otras infraestructuras? ¿Se ha previsto dejar algo de nuestro paisaje natural?”.
“No”, responde a todos estos interrogantes el portavoz de Aliente, razón por la que la entidad, adelanta Luis Bolonio, pedirá al Gobierno andaluz una moratoria. La plataforma la ha cursado ya en Castilla-La Mancha para “paralizar la autorización de mega parques fotovoltaicos (en un único proyecto o fragementados) hasta que no dispongamos de un marco regulatorio global que redirija la transición energética y sus instalaciones, estudiando las medidas de reducción, localización, generación comunitaria e impactos ambientales y económicos”. Se trata, en definitiva de poner freno a una burbuja que “mantiene el actual monopolio de las grandes energéticas y grupos de inversión”, que favorece la especulación, tal y como advirtió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dado que “hay empresas que piden licencia sin intención de instalar nada”, y que todo el empleo que genera “se puede contar con los dedos de una mano”.
Frente a todo ello, propone la transposición de las directivas europeas de energía limpia, denominada Paquete de Invierno, que obligan a desarrollar un modelo energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo, regulando la capacidad máxima de producción e incluyendo la integración de las energías renovables en la ordenación y planificación del territorio.
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