Desde la liberalización del sector eléctrico el precio de este bien esencial en nuestras vidas se ha disparado dilapidando las economías de los ciudadanos. En mi etapa profesional anterior, de defensa de los consumidores, ya lo dije: lejos de abaratarse el coste de la electricidad por un aumento de la competencia, se llegaría a lo contrario. A la subida constante de los precios.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado una vuelta de tuerca más al disparate que supone la factura eléctrica. Así, el pasado 1 de junio de 2021 entró en vigor la nueva estructura de peajes y cargos, que ha afectado de manera sustancial a la factura eléctrica de los hogares y empresas.
Esto ha provocado que se produzca una nueva subida de precios y que nos encontremos con consumidores que tienen serias dificultades para pagar este suministro.
Hoy entre estos consumidores que tienen dificultades están las personas con discapacidad. Así, esta situación se agrava con determinados consumidores y colectivos sociales que, como consecuencia de sus circunstancias personales, deben hacer un uso importante de la electricidad. Se trata del colectivo de la discapacidad. Miren, hay personas con discapacidad que necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente. Estamos ante los casos en los que se necesitan, por ejemplo, dispositivos de hemodiálisis, máquinas de respiración asistida o la carga de las baterías de las sillas de ruedas. En muchos de estos casos este uso es constante y no sólo por parte de consumidores individuales sino también por multitud de organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios esenciales para este tipo de personas.
Esta es la realidad que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que ver y que necesita la adopción de una reducción del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado a la factura de la luz al tipo reducido del 10% para personas con discapacidad o entidades que atiendan a usuarios que acrediten el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente o resulten necesarios por razón de sus discapacidad.
Las políticas sociales se demuestran con hechos y no con simples eslóganes y frases vacías.
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