El más importante de ellos es el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz (Potbc) de la Junta de Andalucía, que actualmente se encuentra en proceso de revisión a la espera de que desde cada municipio del área metropolitana lleguen las alegaciones. En relación al sistema de espacios libres, el Potbc tiene como finalidad identificar la red de lugares que deben permanecer al margen de la urbanización para así, entre otras cuestiones, pautar el crecimiento de las áreas urbanas. Ante la posibilidad de que el plan definitivo apruebe un corredor verde cuyo trazado afecte a varios Desarrollos sin Planeamiento (DSP) que podrían quedar al margen de la regularización que acometerá el PGOU portuense, Fevema tiene la voluntad de hacer llegar sus alternativas al equipo de Gobierno para que éste las defienda ante la Junta, algo que el equipo de Gobierno ya se ha comprometido a hacer con Las Manoteras, un núcleo cuyos vecinos pertenecen mayoritariamente a Coave (el otro colectivo que defiende los intereses de los DSP) y que ya se han manifestado a las puertas del Ayuntamiento ante la posibilidad de quedar fuera del planeamiento.
En este sentido, fevema insiste en que exigirá “el mismo trato que han recibido los miembros de Coave”. Por ello, aprovechará la reunión para “volver a solicitar toda la documentación acerca del PGOU que ha recibido Coave, la cual les ha permitido ir trabajando el tema del Potbc e incluso preparar su propia exposición pública”. Cabe recordar que tanto este colectivo como diversos arquitectos de la ciudad se han quejado por el supuesto trato preferente y el acceso directo al área de Urbanismo y su concejal, Patrica Ybarra, del que gozan los directivos de Coave.
Pero más allá de la influencia que el Potbc vaya a tener en el futuro de los DSP del municipio, Fevema quiere “conocer los criterios políticos que van a determinar la regularización o no regularización de los distintos DSP”.
Otro de los puntos que Fevema llevará en su orden del día son los costes de la futura legalización de los diseminados. La federación ya pidió al equipo redactor de Territorio y Ciudad y al equipo de Gobierno un estudio sobre lo que podría costar este proceso. A falta de un estudio pormenorizado de cada DSP, tratará hoy de debatir “los criterios que se van a establecer para determinar los costes de regularización para poder informar a nuestros asociados”.
Finalmente, la “dificultad para contactar con el alcalde y la edil de Urbanismo” ha motivado que Fevema pida “un procedimiento reglado para nuevas reuniones sin necesidad de tan largas esperas”, que podría ser la mesa de diálogo propuesta anteriormente. Para todo ello, muestran su “disposición al diálogo y consenso”.
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