La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido un encuentro este martes con una representación de Jornaleras Huelva en Lucha, así como con el colectivo La Laboratoria. Espacios de Investigación Feminista, para abordar las conclusiones de su informe ‘La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva’.
Según ha indicado el Ministerio en un comunicado, Díaz ha puesto en valor el informe, su “exhaustividad”, y ha reafirmado el compromiso del Ministerio y del Gobierno en su conjunto para luchar “contra este tipo de prácticas que vulneran los derechos laborales y los derechos humanos”.
Así, se asegura que “el Ministerio aborda esta situación como una prioridad y procura su erradicación desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, por lo que estudiará en detalle el contenido de este informe y trabajará “en el marco de sus competencias” reforzando las campañas para “perseguir las conductoras que lesionen los derechos de las jornaleras”.
Además, indica que la Inspección de Trabajo y Seguridad en Huelva realiza su labor con un “enfoque transversal” para garantizar la inserción e integración de las personas migrantes en el ámbito laboral en condiciones de seguridad e igualdad.
El Ministerio pone en valor la actuación de la Inspección en Huelva, pues “supone un 17% del total de las actuaciones en 2020 y un 28% en el primer trimestre de 2021, cuando se concentra gran parte de la campaña de la fresa”.
En cuanto al contenido del informe presentado, explica que “denuncia la explotación y la agravación de la situación para las mujeres que trabajan especialmente en la recogida del fruto rojo, entre otras cuestiones: malas condiciones, discriminación, comportamientos denigrantes y abusos”.
A todo ello habría que añadir “incumplimientos en materia de retribuciones, jornada, régimen disciplinario, prevención o condiciones de los alojamientos”.
“La discriminación por razón de género es evidente al ser un sector feminizado y precarizado en donde se producen situaciones flagrantes de vulneración de derechos, tanto laborales, de asistencia y prestación sanitaria, de dignidad personal e integridad física y moral, de servicios mínimos y habitabilidad”, señala el informe.
Según explica, el Ministerio de Trabajo ya ha realizado cambios normativos para que la Inspección pueda tener más protagonismo en las situaciones de pobreza y exclusión denunciada en numerosas ocasiones, incluyendo el relator de la ONU, Philip Alston, en el campo de Huelva. En esta línea modificó la regulación para que los inspectores tuvieran acceso a las condiciones habitacionales que deriven del contrato de trabajo o cedidas por las empresas.
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