Fuentes del TSJA confirmaron el jueves que a Valadez se le imputan los presuntos delitos de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito en una causa que parte de una denuncia formulada a finales de 2008 por la construcción de una vivienda en suelo rústico por parte de su jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez.
El alcalde, que compareció ayer voluntariamente ante la titular del juzgado número 4 de Estepona para mostrarle toda la información del expediente y ponerse a disposición de la justicia, expresó su convencimiento en que el asunto "se archivará, aunque el daño causado es tremendo".
Según documentación a la que ha tenido acceso Efe, el alcalde abrió expediente de "restauración de la legalidad urbanística perturbada" el 5 de noviembre de 2008, un mes antes de que el concejal no adscrito y ex integrante del PES Juan Manuel Rodríguez presentara la denuncia en el juzgado.
Valadez abrió expediente tras conocer por un periódico local que el jefe de Alcaldía supuestamente había construido y escriturado de manera irregular una vivienda sobre suelo rústico.
El 7 de enero del este año, el alcalde resolvió mediante decreto la inmediata suspensión de las obras y el inicio del procedimiento sancionador, y en junio le impuso al jefe de Gabinete de Alcaldía una multa de 157.415,4 euros, correspondiente al 250% del valor de tasación de la obra, según lo dispuesto en el artículo 255.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Además, Valadez firmó un decreto, de fecha 21 de septiembre de 2009, en el que formuló "propuesta de demolición" de las obras realizadas y abrió un plazo de audiencia para que el afectado alegara lo que estimara conveniente.
El alcalde se preguntó ayer cómo se le imputa un presunto delito de omisión "cuando con total diligencia se han dado todos los pasos que corresponden en derecho" y aseguró que no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha tenido una "actitud de connivencia".
Señaló que es consciente de que existen numerosas denuncias contra él que buscan su imputación porque "jamás se me perdonará el haber contribuido a esclarecer lo que en este Ayuntamiento estaba ocurriendo".
Sobre si se plantea dimitir, como le pide el PP, Valadez manifestó que para dejar de ser alcalde tendrían que presentar una moción de censura o que su partido se lo pidiera.
El PP pedirá en el Parlamento la disolución del Consistorio
Por su parte, el PP-A presentará en el Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que instará a la Junta a que solicite al Gobierno central la tramitación del expediente de disolución del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y la convocatoria de elecciones municipales.
La iniciativa de los populares, presentada en rueda de prensa por su secretario general, Antonio Sanz, supone un paso más en el intento de buscar una salida a la "grave" situación de esta corporación.
"La situación de este Ayuntamiento es insostenible y el PSOE debe tomar medidas para dejar de provocar en este municipio los daños irreparables que está causando", advirtió el dirigente popular.
Después de apuntar las "plenas coincidencias" entre la corporación de Estepona y la de Marbella antes de su disolución, Antonio Sanz confirmó que su grupo parlamentario presentará en el Parlamento una iniciativa para reclamar a la Junta que pida al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la apertura del expediente de disolución de este Ayuntamiento.
En aplicación de la ley de Bases de Régimen Local, la decisión última corresponde al Consejo de Ministros, aunque antes deberá contar con el visto bueno del Senado.
Los populares abogan por la urgencia a la hora de tramitar en la Cámara autonómica la solicitud de disolución, por lo que -según sus cálculos- la petición puede ser debatida en pleno durante en enero, periodo sin actividad parlamentaria que requerirá la reunión de la Diputación Permanente.
Sanz, que culpó al PSOE andaluz de la situación creada en este municipio por no haber disuelto el Ayuntamiento tras la detención del anterior alcalde, denunció que lo que preocupa a este partido es "mantener el sillón" y preguntó: "¿Qué tiene que ocultar para negarle la voz y el voto a los ciudadanos?".
En su opinión, el caso de Estepona contrasta con el código ético del PSOE-A que le obliga a dar de baja como militantes a sus cargos públicos imputados, a lo que recordó que hay "más de 60 en esta situación y siguen perteneciendo" a esta formación política.
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