Según la concejala, muchos de estos inquilinos han recibido ya la llamada del Procasa para ofrecerles la posibilidad de comprar ya su vivienda (a pesar de que aún no se han cumplido los cinco años de rigor). El problema, dice Álvarez, es que la empresa pública ha llegado a pedir hasta 108.000 euros por las viviendas, “cuando el concejal Juan José Ortiz dijo el día de la entrega que el precio oscilaría entre los 54.000 y 72.000 euros”.
Así las cosas, Natalia Álvarez asegura que hay inquilinos que están muy preocupados por el futuro de sus casas: “Muchos han realizado un importante desembolso para amueblarlas, y ahora se verán con el problema de que ningún banco les da una hipoteca, y si se la dan será a costa de muchísimo sacrificio, porque no hay que olvidar que estos jóvenes tienen el mismo perfil que los demandantes de Vivienda de Protección Oficial”.
De este modo, la concejala socialista ha acusado al equipo de Gobierno de querer obtener “ingresos extra a costa de estos jóvenes”. Álvarez precisó que mientras por las Viviendas de Protección Oficial se está pagando 1.300 euros el metro cuadrado, el Ayuntamiento pretende cobrarlo a 1.700 euros.
A esto hay que añadir que los inquilinos no tendrán derecho a ninguna ayuda en el caso de que puedan comprar sus viviendas, porque, según Álvarez, el Ayuntamiento al construir esos inmuebles “no ha querido acogerse a ningún Plan ni programa, ni estatal ni autonómico, por lo que en realidad son viviendas libres”. Por lo tanto, el grupo municipal socialista cree que el PP está “negando a los gaditanos el derecho de los beneficios que les puede dar una VPO”.
La edil socialista mantiene que Procasa “se está convirtiendo en una agencia inmobiliaria, que está realizando viviendas de renta libre, aunque disfrazándolas”. Es más, se pregunta si ésta es la política de vivienda que el Ayuntamiento dice que está exportando, “porque menudo fiasco”.
Natalia Álvarez manifestó que la alcaldesa “tendrá que explicar por qué nos miente” y por qué sacrifica a los gaditanos “por su guerra” con la Junta de Andalucía.
Asimismo, la concejala señaló que con estas actuaciones se está desviando la política de vivienda que debe tener una administración. “No hay que olvidar que el Ayuntamiento no está para lucrarse, sino para facilitar el acceso a los que no pueden”.
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