El ex director general de Caja Castilla-La-Mancha Ildefonso Ortega, y el secretario general de Unicaja, Ángel Fernández Noriega, declararon ayer ante el juez de la Audiencia Nacional que aprobaron la concesión del autocrédito de 212 millones de euros a los entonces presidente y vicepresidente de la compañía, Jesús y Jaime Salazar, sin conocer el destino real del dinero y acusaron a los ex directivos de actuar a espaldas al consejo de la compañía, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Los dos consejeros de SOS comparecieron ante el juez como testigos dentro de la causa abierta contra los Salazar por la querella presentada por la compañía por el presunto desvío de más de 230 millones de euros de la tesorería a varias de sus sociedades patrimoniales, así como para cubrir créditos personales.
Durante su comparecencia, los testigos relataron cómo el pasado 16 de febrero, once días antes de la celebración de la junta en la que se aprobó el crédito, los Salazar alertaron al resto de los socios que existía un desajuste en el nivel de la autocartera y que la compañía tenía más acciones de las que legalmente podía acumular.
Los Salazar esgrimieron entonces que habían transferido 189 millones de euros de la tesorería de la compañía a la sociedad Cóndor Plus para desde allí adquirir acciones de SOS y venderlas posteriormente a dos fondos soberanos, uno de Libia y otro de Bahrein, según fuentes jurídicas.
El pasado 27 de febrero, la comisión de estrategia de SOS, formada por los representantes de Unicaja, Cajasol, CajaSur, Caja Granada y CCM aprobaron el crédito de 189 millones de euros, cifra que, sumados los intereses, asciende a 212 millones de euros y se comprometió a recomprar a los Salazar un 5,42 por ciento del capital a 13,95 euros por acción si en un plazo de cuatro años no podía devolver el dinero.
Según las mismas fuentes, la aprobación definitiva del préstamo quedó sometida a la autorización por parte de los órganos de gobierno de cada una de las cajas. Los testigos explicaron que el auditor de la compañía dio por válido el acuerdo al considerar que las acciones de SOS con las que se avalaba el crédito valían más que los 13,95 euros que las cajas se comprometieron a abonar en caso de impago.
Sin embargo, el pasado 30 de abril la auditoría de cuentas de SOS destapó que las acciones de la autocartera mencionadas por los entonces gestores de la compañía alimentaria no estaban depositadas en la compañía, sino en sociedades patrimoniales de su propiedad, donde habían sido transferidas desde Cóndor Plus.
Asimismo, la documentación reveló que los imputados habían pignorado el paquete de acciones de SOS y lo habían ofrecido como garantía de dos créditos concedidos por los bancos alemanes HSH Nordbank AG y Landesbank Baden-Württemberg por un valor total de 14,65 millones de euros. Las entidades alemanas reclaman ahora el pago de esta deuda a la compañía.
A raíz de esta situación, el consejo de administración de SOS cesó a los Salazar y presentó la querella contra ellos ante la Audiencia Nacional. En la junta de accionistas celebrada el pasado 29 de junio, se sustituyó a los dos consejeros que iban a mantener la representación de los Salazar en la compañía. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid avaló esta decisión la pasada semana.
Estos dos testigos fueron los primeros, de un total de 19, que comparecerán ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional hasta el próximo 23 de diciembre dentro de la fase inicial de la investigación abierta contra los Salazar .
Entre los testigos, están llamados a declarar el actual presidente de SOS, Mariano Pérez Claver, los fundadores y actuales consejeros honoríficos de la compañía, Vicente y Eduardo Sos, y los consejeros representantes del resto de las cajas presentes en el órgano de gobierno de la empresa.
Nueva Rumasa ofrece comprar hasta 29,9% de SOS por debajo de su cotización
Por otra parte, Nueva Rumasa ha ofrecido comprar entre el 25 y el 29,9 por ciento de las acciones de SOS Corporación Alimentaria a un precio de 1,5025 euros de valor nominal por acción, un 18,7% inferior al valor de la acción de SOS al cierre de la Bolsa de Madrid, que fue ayer de 1,85 euros.
Nueva Rumasa informó ayer en un comunicado que la cantidad a pagar se desembolsará en diez anualidades, retribuyéndose un interés por dicho aplazamiento del 1 por ciento anual, y que la oferta tiene una vigencia de 15 días naturales.
Asimismo, indicó que el éxito de la oferta requiere un mínimo de derechos de voto que permitan la designación de al menos ocho miembros del Consejo de Administración de SOS y subrayó que de ejecutarse la oferta, Nueva Rumasa se compromete a mantener los puestos de trabajo actuales y a conservar las relaciones comerciales con los proveedores.
Consideró que los acontecimientos ocurridos en SOS en los últimos meses han provocado, en su opinión, "problemas de desconfianza en el mercado, que están afectando negativamente al desarrollo del negocio".
En este sentido, apuntó que es necesario afrontar la situación de la empresa con una gestión "dinámica", más allá de una reestructuración basada en la liquidación de activos y la reducción de plantilla.
Por su parte, SOS Corporación Alimentaria ha declinado hacer declaraciones en relación con el comunicado de Nueva Rumasa.