Después de veinte años de enfrentamiento político y papeles mojados, el proyecto empieza adquirir alta velocidad, aunque aún queda pendiente el realojo de los vecinos de Las Metas, una piedra en el camino que en los últimos meses se ha convertido en arma arrojadiza entre el equipo de gobierno del Partido Popular y el grupo municipal socialista.
Los socialistas aseguran que Fomento exige los terrenos “libres de cargas y ocupantes” y el equipo de gobierno matiza que deben estar “libres de cargas y gravámenes”, e insiste en que se sigue trabajando para encontrar la mejor solución para el realojo de las diez familias que permanecen en Las Metas.
El realojo no tiene que ser inmediato para alcanzar hoy un acuerdo para hacer posible el proyecto aprobado por Fomento, que contempla las vías, la electrificación, las instalaciones ferroviarias de seguridad, los andenes, marquesinas, edificios técnicos y edificio provisional de viajeros a la espera de que Santiago Calatrava ajuste su proyecto definitivo.
El tren que nunca llega para los vecinos de la zona de Las Metas
En diciembre de 2006, los vecinos de Las Metas firmaron con el Ayuntamiento de Huelva un acuerdo de expropiación que, según el portavoz, José Cubero, incluía la condición de la reubicación. En diciembre de 2009, el proyecto de la estación del AVE de Huelva empieza a salir del túnel, pero aún no se ha llegado a un acuerdo con las diez familias que todavía viven en la zona donde se instalarán las vías y la estación.
Después de numerosas reuniones, de pasar por el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Onubense y de llegar a un recurso contencioso-administrativo, las negociaciones continúan, pero el tiempo apremia.
Los vecinos han destacado siempre que no se oponen a la construcción de la estación para la Alta Velocidad, “porque es progreso y puestos de trabajo para Huelva”, pero esperan una “reubicación justa”.
La propuesta de realojo en las viviendas de protección oficial cercanas a la barriada del Torrejón no convenció a los vecinos “porque obligaba a pagar 450 euros por 58 metros cuadrados, mientras algunas de nuestras casas tienen más de 156 metros cuadrados”. Para desbloquear el conflicto, en las últimas semanas los vecinos se han reunido con el Defensor del Onubense y con la Gerencia Municipal de Urbanismo, entidad con la que esperan alcanzar un acuerdo en el menor plazo de tiempo posible.
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