Bancos y grandes grupos empresariales, en especial constructoras, aseguran que el mundo no avanzaría sin especulación. La lógica, la honradez, la convivencia y por lo tanto la posibilidad de avanzar en armonía entre los seres humanos y con su entorno, demuestran que la especulación es el más ominoso, aciago, fatídico freno al progreso real. Porque progreso real no es el enriquecimiento de quienes más tienen, no es la acumulación del dinero disponible en cada vez menos manos. Por ese camino, adoptado por la humanidad cada vez más deshumanizada, el mundo y el planeta van a su destrucción. Decirlo ya no se puede tachar de pesimismo. Es una realidad reconocida incluso por quienes adoptan aparentes cambios de comportamiento para acallar desacuerdos y adormecer conciencias.
Literalmente “especular” es alterar de forma artificial el precio de las cosas para obtener beneficio. ¡Cuánto saben de esto bancos, constructoras, inmobiliarias y propietarios, grandes y chicos. Saben mucho de esto, lo saben todos cuantos, como única unidad de medida para calcular su beneficio les basta mirar cuánto están ganando otros. La “técnica” es cuánto cobra el vecino para no ser menos. Una especie de oligopolio muy mal disimulado pero muy bien consentido. Es normal, aunque ni lógico ni justo, que los bancos se guíen por la cifra media del m2 extraída en la zona al sueldo de los arrendatarios, para poder vivir mejor o mucho mejor. Porque en este momento el alquiler de un piso de 70m, en un barrio de la periferia, supera con amplitud el 50% del salario mínimo, salario máximo para una inmensa mayoría. Hay zonas en las que el precio del alquiler de un piso de 100m supera con mucho el salario de un empleado cualificado.
Lo más lamentable es que la practique la Administración, cuando, en consecuencia, la promueve y la protege. Es, por ejemplo, cuando la Junta de Andalucía paga mil euros por un piso de 80m en Nervión. O cuando el Ayuntamiento paga más de cien mil euros por 75m en Torreblanca. En ambos casos son formas de favorecer a los propietarios, de favorecer la subida de precios, tanto en alquiler como en venta. Imposible entender por qué se paga por un piso mucho más de lo que cuesta construirlo, aparte las reparaciones o reforma que necesite. Trescientas veinte viviendas lleva compradas Emvisesa con todo orgullo, 320 que muy bien podrían ser 400 si las hubiera construido. Y el mensaje ofrecido sería lo contrario del que se está dando ahora, de aconsejar más subidas,.
La Administración es quien menos debería animar la voracidad de los vendedores o arrendadores, sean bancos, fondos buitre o particulares. Se valora el hecho, no quien lo comete. Favorecer la especulación aprueba y reafirma esa voracidad. La Administración tiene el deber constitucional de facilitar vivienda a todas las familias. A todas. Ningún capítulo de la Carta Magna aconseja siquiera imposibilitar a miles ó millones de personas el acceso a una vivienda, para a cambio promocionar el abuso de una parte que “casualmente” es la que más tiene.
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