Las presuntas irregularidades en las actividades de piscinas del Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos han llegado a la Fiscalía de Málaga.
Monitores de este ente público han denunciado ante la justicia un posible delito de prevaricación administrativa tras el presunto desvío de clientes de la pública a una empresa privada, propiedad de una trabajadora del PMDT y responsable de las actividades acuáticas. Además, en la denuncia, a la que ha tenido acceso Viva Málaga, se detalla que el entonces concejal de este área, César Carrasco, ya que los hechos comenzaron en 2017, y el actual, José Manuel Piña, son conocedores de la posible incompatibilidad de funciones.
Los hechos
Fue en esa fecha cuando la representación sindical del servicio de monitores comenzó a denunciar la derivación de clientes desde las escuelas de titularidad pública hacia el club privado donde una de las empleadas del ente municipal trabaja junto a su marido, es decir, que podía existir una incompatibilidad, suponiendo un perjuicio económico “constante” para el ente público.
Esta trabajadora, tal y como se indica en las denuncias que han llegado a la concejala de Personal, Carmen García, en reiteradas ocasiones, “realiza funciones de monitor deportivo para el ente público local y, de manera simultánea, desarrolla una actividad privada realizando funciones de monitor deportivo por la tarde para su club privado en las mismas instalaciones del organismo público”.
Desde ese momento y hasta diciembre de 2018 se sucedieron ocho escritos entregados en el registro del área de Deportes. Es en marzo de 2019 cuando estos empleados reciben respuesta del PMDT vía email, “todos ellos en cuestiones relativas a prevención de riesgos laborales, constatándose que los escritos sobre el ejercicio de actividad privada e incompatibilidad de la trabajadora y de derivación de clientes no constaban como registrados y en modo alguno pudieran considerarse como tramitados”, se puede leer en la denuncia.
Concejales
Asimismo, en este documento se señala que el actual edil de Deportes, que fue compañero de esta trabajadora, se “negó a estudiar siquiera la pertinencia de la compatibilidad de su actividad privada, seguramente siendo consciente de la palmaria incompatibilidad de la misma, viéndose en última instancia obligado más de un año después cuando el área de Personal le conminó a ello”, ya que las áreas de Personal “están obligadas a coordinarse con los diversos servicios de las corporaciones locales”.
Por otro lado, estos trabajadores piensan que “la negativa constante a tramitar las sucesivas denuncias en el área de Deportes supone una clara muestra de inactividad administrativa”, que “perseguía hacerles desistir” y “negándose a tomar acción alguna aunque de dicha actitud se derivara un daño a la Administración”. Todo ello podría constituir un delito de prevaricación administrativa por omisión y ahora deberá ser la justicia quien esclarezca este asunto.
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