La Junta reconoce que la creciente demanda, relacionada con el incremento de casos de despidos y morosidad que ha dejado la crisis económica, está detrás de estos problemas de pago. La Consejería de Justicia ha tenido que desembolsar 42 millones de euros en este apartado, 12 millones más que en 2008. El Gobierno andaluz no reconoce el impago sino un volumen de asistencias gratuitas muy superior al de años anteriores, lo que ha obligado a incrementar las partidas presupuestarias previstas y ordenar nuevos pagos, que han de seguir un trámite burocrático más lento que el habitual. Antes de que acabe el año, según la previsión de la Junta, los abogados de oficio habrán cobrado las cantidades correspondientes por atención de acusados y víctimas, asistencia en dependencias policiales y juzgados de guardia.
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