El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha desestimado en intervención pública la contratación de personal auxiliar el próximo verano para las labores de vigilancia del cumplimiento de medidas de protección y prevención ante el coronavirus al estimar que “ya no son necesarios” porque la población está “concienciada”. La pr
Pero el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, no está de acuerdo en absoluto y así se lo hace saber en una carta remitida este viernes al presidente autonómico, Juanma Moreno. “Los ayuntamientos carecen de competencias propias en materia de Salud, lógicamente entendidas más allá de su propio personal, y la gestión de una pandemia y sus consecuencias no pueden ser, en modo alguno, dejadas a la suerte de la gestión municipal, de modo genérico y sin ningún tipo de aportación”, advierte, y se pregunta qué personal se hará cargo la próxima temporada estival de las funciones de los auxilares que proporciono la Administración regional.
Aparecero recuerda que, si las imágenes del litoral de la localidad con la etiqueta de las playas más seguras del mundo se convirtieron virales, no se debió exclusivamente a la iniciativa del Ayuntamiento, que colocó marcadores y utilizó drones, en colaboración con la Policía Local para el control; la labor informativa de los vigilantes fue clave.
Por todo ello, el primer edil solicita al presidente de la Junta “que sea reconsiderada la decisión adoptada antes de elevarla a definitiva, puesto que tal decisión implicaría radicalmente no disponer de ningún personal para realizar las funciones en tiempos de pandemia, y por lo tanto no quedarían garantizadas las distancias y medidas de seguridad sanitarias, y Chipiona y Andalucía dejarían de ser el destino seguro en el cual gran parte del mundo confían, con el consiguiente perjuicio económico, social y laboral”. En la provincia, se cubrieron 686 plazas de auxiliares, repartidos en los 16 municipios con playas y otras dos plazas para coordinación.
El delegado de Policía Local, Tráfico y Protección Civil del Ayuntamiento de Chiclana, José Vera, lamenta igualmente las palabras de Bendodo, pero garantiza que “tendremos playas seguras con o sin la Junta”. De hecho, el Gobierno local cierra esta semana las últimas contrataciones para ofrecer los mejores servicios a los usuarios, entre ellos, dos chiringuitos o las zonas náuticas, mientras que los servicios de socorrismo y aseos se encuentran ya operativos.
El municipio destina medio millón para el plan de contingencia, con 45 balizas para sectorizar el espacio disponible, y el dispositivo de Protección Civil. “Si no contratan a los auxiliares, alguno de ellos engrosará las filas de voluntarios”, asegura.
Vera, no obstante, se muestra más preocupado por la posibilidad de que la Junta tampoco colabore en el suministro de material. El año pasado, Chiclana contó con un pick-up, 2 buggies, 2 torres y módulos de pasarela.
Estos elementos se proporcionaron igualmente al resto de municipios costeros de la provincia para el uso seguro de la playa con motivo del Covid-19, atendiendo a sus necesidades, el número de habitantes, la longitud litoral y la distribución del fondo de participación en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica). El consejero de Presidencia, sin embargo, no hizo referencia en su alocución a estos recursos.
“Era habitual oír‘Ponte a trabajar que con lo que paga...’, pero la gente cumplía”
M, joven sanluqueña, y cinco de sus primos consiguieron una plaza como vigilante de playa. Sincronizados, enviaron a la vez el correo electrónico para optar a la selección. La Junta registró, solo en la provincia de Cádiz, más de 20.340 solicitudes para 686 puestos de trabajo. “No teníamis autoridad para ejercer labores de control, solo informábamos, pero nos entendíamos con la Policía Local y Protección Civil”, explica sobre la labor que desarralló. “La gente es buena, hacía caso”, agrega. Pero tuvo que soportar comentarios críticos y desagradables sobre sus sueldos. “Era habitual escuchar ‘Ponte a trabajar que con lo que os pagan...’”, recuerda. Por tres meses de contrato se embolsó casi 5.000 euros, de acuerdo al convenio en la administración. “Tal vez es lo que debería cobrar cualquiera y no lo que se cobra”, responde hoy a las increpaciones.
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