El Gobierno andaluz ha solicitado la convocatoria "urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación, ante la "incertidumbre" sobre la concesión de las ayudas directas a empresas y autónomos, lo que puede hacer "peligrar" la eficacia de las medidas.
El consejero de Hacienda y Financiación europea, Juan Bravo, ha remitido una carta a la ministra del ramo, María Jesús Montero, en la que pide la convocatoria urgente del CPFF o, en su caso, de la Conferencia Sectorial para el Plan de Recuperación, de manera que "entre todos podamos concretar los aspectos técnicos que permitan conceder con seguridad el apoyo a empresas y autónomos a la mayor brevedad", en referencia a las ayudas directas de 7.000 millones.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Efe, el consejero expresa su "profunda preocupación" por la falta de información y la "incertidumbre" a la que están sometidas las comunidades autónomas, ya que, a fecha de hoy, 30 días después de la publicación del Real Decreto Ley -el periodo límite que la propia norma establece para la firma de los correspondientes convenios- no se conoce la Orden Ministerial que debe fijar las cuestiones técnicas.
Se queja también de que en ninguna de las fases del proceso de diseño, elaboración y aprobación de dicho Real Decreto-ley se le ha dado participación a las comunidades y ciudades autónomas, en las que "recae por decisión unilateral del Consejo de Ministros la responsabilidad para que las ayudas se gestionen de manera eficaz".
Asimismo, tampoco se les ha facilitado un borrador de convenio, ya que "la única información proporcionada el pasado jueves 8 de abril se ha limitado a un documento sobre el contenido de convenio", asegura.
Bravo advierte de que esta forma de actuar, sin contar con la "imprescindible" colaboración de las comunidades autónomas, hace "peligrar la eficacia de las medidas a poner en marcha".
Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, en colaboración con otras autonomías, se les ha dado traslado de las "graves deficiencias" de las que adolecen ciertos preceptos del citado Real Decreto-Ley "sin obtener respuesta", lamenta.
Recuerda que las citadas ayudas son "vitales" ya que "está en juego la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento de sus puestos de trabajo".
El responsable andaluz de Hacienda asegura que esta comunidad, como el resto, quiere garantizar una tramitación y concesión de las ayudas a través de un proceso que ofrezca "las máximas garantías" y la seguridad jurídica para evitar que se planteen situaciones que deriven en un reintegro de las mismas por problemas de indefinición o inconcreción.
Se trata de cuestiones que "debe resolver el Estado, pero hacerlo de la mano de las comunidades autónomas", reclama.
"Consideramos que tanto la norma como el proceso de implementación de la misma se están diseñando de espaldas a quienes tenemos la obligación de aplicarla, con graves riesgos para la absorción de esos fondos y gran inseguridad jurídica tanto para las comunidades autónomas como para los beneficiarios de las ayudas", insiste antes de pedir la convocatoria de una reunión "urgente" con las comunidades autónomas.
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