La Junta de Andalucía confirmó ayer que el acuerdo con el Gobierno para liquidar los 784 millones pendientes de la deuda histórica no incluye partidas en dinero metálico y negó la acusación del PP de que esta modalidad de cobro ponga en peligro la prestación de servicios públicos.

El pasado 26 de noviembre, el Gobierno accedió a liquidar los 784 millones de euros de la deuda histórica que tiene con Andalucía mediante la transmisión a la Junta de la agencia de titularidad estatal Agesa, que gestiona los activos de la Expo'92, y una serie de solares en varias provincias andaluzas.

En próximas fechas, la Junta dará conocer el listado definitivo de los solares, aunque sí se sabe que, además de la transmisión de Agesa, la Junta dispondrá de los terreros de El Toyo I y el Toyo II, en Almería, y de algunos otros de interés en Cádiz.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Manuel Pérez Yruela, explicó ayer que la Junta está a punto de conocer con exactitud la lista de los solares del Estado en la comunidad que serán objeto de tasaciones por ambas partes y del acuerdo final.

El portavoz confirmó "no hay parte en efectivo" de la cantidad total que debe percibir la Administración autonómica y negó que esta fórmula suponga una amenaza para la prestación de servicios públicos.

La Junta -según agregó- funciona bajo el principio de caja única aunque la procedencia de los recursos sea variada, lo que significa que se puede vender un solar en Cádiz y destinar su cuantía a sanidad o educación. "Con este criterio contable es impensable que dichos servicios se vean perjudicados", indicó.

Mientras, el presidente del PP-A, Javier Arenas, confirmó ayer que su partido ha decidido recurrir el acuerdo para cobrar la deuda histórica, si bien aún estudia si presentará el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) o ante el Constitucional (TC), ya que el acuerdo "vulnera una ley orgánica", el Estatuto de Andalucía, al tiempo que también acudirá al Defensor del Pueblo.

De este modo, incidió en que el PP defenderá los derechos de los andaluces, que en su opinión han quedado lesionados por el acuerdo, "en la calle, en los tribunales y en las instituciones".

El acuerdo es, según Arenas, "una humillación y un ataque a la dignidad" de Andalucía, porque "se salta a la torera" el Estatuto andaluz y propone "pagar colegios, hospitales y viviendas con solares".

Por su parte, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, apuntó que su formación está analizando la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo ante el incumplimiento del Estatuto que están cometiendo los gobiernos central y regional al saldar la deuda histórica con solares y anunció una campaña de movilizaciones.

Valderas calificó de "fraude, engaño y traición" el modo en que el Estado va a saldar la deuda histórica con Andalucía y denunció la "incapacidad" del Gobierno de José Antonio Griñán para defender los intereses de los andaluces.

Críticas en el Parlamento

Por otro lado, PP e IU reprocharon ayer a la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Gobierno para liquidar la deuda histórica y conincidieron en que con esta firma se ha "incumplido" el Estatuto y se ha "humillado" a Andalucía.

Los diputados del PP Salvador Fuentes y de IU Pedro Vaquero aprovecharon para referirse al acuerdo sobre la deuda histórica la comparecencia de la consejera en comisión parlamentaria, fijada para abordar las medidas aplicadas para cambiar el modelo productivo y el anuncio del Plan Andalucía Sostenible.

Pese a las críticas de los partidos de la oposición, la consejera no entró a abordar este asunto en su turno de réplica, y se limitó a decir al final que hablar de ello durante esta comparecencia supondría "desvirtuar" un asunto, el de Andalucía Sostenible, muy importante para el futuro de la comunidad.

El portavoz de Presupuestos del PP andaluz, Salvador Fuentes, calificó de "indignidad y humillación" el acuerdo adoptado entre el Gobierno y la Junta y recordó que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, declaró públicamente que esta se cobraría en "dinero contante y sonante".

"Y al final, tras presumir, se come el orgullo, su dignidad como presidente y acepta y admite saldar la deuda con solares. Acepta los saldos de la Expo 92 para llegar a cumplir el Estatuto", indicó el parlamentario popular, quien se preguntó por qué a los Ayuntamientos se le exige "suelo gratis" y al Gobierno central se le incluye como pago de la deuda histórica.

De la misma forma, reprochó al Gobierno andaluz que haya excluido a Córdoba y a Málaga de los suelos aceptados.

Por su parte, el portavoz de Economía de IULV-CA, Pedro Vaquero, preguntó a la consejera si "tiene sentido" aceptar con solares la deuda histórica, y coincidió con el parlamentario del PP en que el acuerdo supone "una indignidad" por la que la Junta se "ha humillado" ante el Ejecutivo de la Nación.

Lamentó que se haya aceptado "endosar" a Andalucía unos inmuebles que el Gobierno "no puede vender" y de esta forma "zanjar" una deuda que perdura desde hace 30 años y que tenía como objetivo paliar el desnivel en recursos básicos que tiene Andalucía como consecuencia del traspaso de competencias.

Vaquero denunció la "insolvencia" con la que se ha resuelto este asunto y añadió que con el acuerdo se ha "incumplido" el Estatuto de Autonomía.

El secretario de Organización del PSOE-A y diputado socialista Rafael Velasco defendió el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Gobierno central, y dijo que este era un problema importante que "ya ha dejado de serlo" gracias a que se ha liquidado algo sobre lo que los gobiernos del PP "nunca quisieron saber nada".

Tras reprochar al PP e IU que hayan hablado de este asunto cuando la comparecencia de la consejera iba sobre otro asunto, Velasco indicó que esta va a ser una materia que va a estar en "el haber" del PP, ya que en su etapa en el poder no puso "ni un solo céntimo", y preguntó a los grupos si los solares no valen dinero.

"Se ha cumplido estrictamente el Estatuto de Autonomía y si no lo creen, a los tribunales", advirtió Velasco, quien añadió que "no hay ningún precepto del Estatuto que no se cumpla con este acuerdo" entre la Junta y el Gobierno.

Destacó lo "duro" que tiene que ser para el presidente del PP-A, Javier Arenas, y el ex coordinador de IULV-CA, Luis Carlos Rejón, que "tras acuñar este término" hayan sido dos gobiernos socialistas los que hayan liquidado la deuda histórica.