Los diputados autonómicos que fueron expulsados el pasado mes de noviembre del grupo parlamentario de Adelante Andalucía han registrado en la Cámara andaluza una proposición de ley para regular una bajada en las ratios de las aulas de la comunidad que se aplicaría de forma paulatina a lo largo de los próximos seis cursos escolares, y que culminaría en el de los años 2026-2027.

Así figura en una proposición de ley 'para la bajada de ratios en la educación de Andalucía', consultada por Europa Press, que viene suscrita por los nueve parlamentarios no adscritos tras su expulsión de Adelante --incluida quien presidía dicho grupo, Teresa Rodríguez--, así como por las diputadas de la citada confluencia María García Bueno y Maribel Mora.

La proposición de ley consta de un único capítulo en el que se establece que el objeto de la misma es "establecer unas ratios máximas de alumnado por unidad, para favorecer un proceso enseñanza-aprendizaje que permita el desarrollo integral de todo el alumnado, la equidad y la inclusión educativa, desarrollando los principios del sistema educativo andaluz establecidos en el artículo 4 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de la Educación en Andalucía, y cumpliendo con los máximos establecidos en el artículo 157.1 a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Educación".

La iniciativa plantea que el número máximo de alumnos por unidad en el segundo ciclo de Educación Infantil sea de 15, "pudiendo ampliarse hasta 18 como medida excepcional".

Para la Educación Primaria, la proposición de ley plantea un máximo de 18 alumnos por unidad --"pudiendo ampliarse a 20 como medida excepcional"--, y de 20 escolares por unidad en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), donde esta cifra se podría ampliar "a 25 como medida excepcional".

El número máximo de alumnos por unidad que plantea esta iniciativa tanto para el Bachillerato como para la Formación Profesional es de 20, pudiéndose ampliar "a 25" en ambos niveles educativos "como medida excepcional".

La proposición de ley también plantea que, "en el caso de disminución de solicitudes de admisión en un centro público, la consejería competente no eliminará unidades del mismo", y, en dicho caso, "reducirá la ratio de esas unidades de forma que se mantenga el número de las mismas en el centro y no se incumplan las ratios establecidas en esta ley".

"Sólo se podrán eliminar unidades de un centro público en el caso de que, garantizando el cumplimiento de las ratios, en dicha zona de escolarización no existiera otro centro privado sostenido con fondos públicos en el que se mantengan las mismas unidades que el curso anterior", según plantea también el texto de esta proposición de ley.

CALENDARIO DE APLICACIÓN

En una disposición adicional, la proposición de ley fija un calendario de desarrollo de esta iniciativa que contempla "un máximo de seis años" para su "aplicación completa en el sistema educativo", de forma que comenzaría en el curso 2021-2022 para los niveles de Educación Infantil de tres años, primero de Educación Primaria, primero de ESO, primero de Ciclos Formativos y primero de Bachillerato.

En el curso 2022-2023 se aplicaría en el nivel de Educación Infantil de cuatro años, así como en los segundos cursos de Educación Primaria, ESO, ciclos formativos y Bachillerato, y en el año escolar 2023-2024 le tocaría el turno a la Educación Infantil de cinco años, así como a los terceros cursos de Primaria y ESO.

En el curso 2024-2025, la ley se aplicaría en cuarto de Primaria y cuarto de ESO; en el curso 2025-2026, en quinto de Primaria, y, finalmente, la bajada de ratios culminaría en el curso 2026-2027 en el nivel de sexto curso de Educación Primaria.

La proposición de ley también plantea en una disposición adicional segunda que las "actuaciones presupuestarias a realizar" para la aplicación de la misma "podrán basarse en financiación procedente de fondos europeos y transferencias finalistas del Estado, sin perjuicio de que, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, puedan utilizarse fondos propios de la Junta de Andalucía".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos de la proposición de ley, los diputados que la promueven sostienen que el objeto de esta iniciativa es atender a los factores que "favorecen la calidad de la enseñanza y desarrollarlos, poniéndolos en práctica más allá de la mera declaración de principios y haciendo efectivo ese derecho a una educación de calidad que declara la legislación a todos los niveles".

Añaden los impulsores de la iniciativa que "la disminución del número de alumnos y alumnas por cada grupo o aula es uno de los factores determinantes para mejorar la calidad educativa, la atención a la diversidad, la inclusión, la convivencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje a todos los niveles", así como que la bajada de ratio será "imprescindible para facilitar" la "necesaria transformación metodológica de nuestras escuelas".

La proposición de ley defiende que una reducción del número de alumnos en clase "favorece la atención personalizada" de éstos, así como la "inclusión" de los más vulnerables y que "más dificultades" presentan, y advierte de que la situación actual de la educación andaluza es "especialmente preocupante en este ámbito", porque "los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación señalan que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor ratio alumnado/profesorado en las enseñanzas de Régimen General y en los centros de Educación Especial".

Los diputados que promueven esta iniciativa sostienen además que, "en la situación de pandemia que vivimos", resulta "imprescindible" una reducción de la ratio en las aulas, y el "momento histórico" actual "también genera algunas oportunidades para disminuir la ratio de forma no traumática".

Así, argumentan que "la disminución demográfica que vivimos en Andalucía, especialmente significativa en algunas zonas, permite que, al contrario de lo que ha sucedido en los últimos años, no se eliminen unidades en los centros que pierden alumnado, sino que se mantengan con una ratio menor", lo que "facilitaría la aplicación de esta ley con menor esfuerzo presupuestario", según agregan.