Andalucía ha alcanzado una puntuación de 7,1 en la escala de valoración que utiliza el Observatorio de la Dependencia para medir la implantación y desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Se trata del mejor resultado en los últimos cinco años, según el informe que cada año publica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a la comunidad muy por encima del promedio nacional, fijado en 4,64 puntos, y solo superada por Castilla y León.
La valoración se produce pese a los desafíos inéditos planteados por la pandemia durante 2020, cuando todos los departamentos y áreas de los servicios sociales tuvieron que repensar su actividad para adaptarse a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Y para la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, según un comunicado, "avala el camino que iniciamos hace dos años de modernización y reforma del sistema como no se había producido en los últimos 20 años".
"Demuestra el esfuerzo que hemos realizado desde esta Consejería y el Gobierno andaluz por blindar las políticas sociales, hemos destinado el mayor presupuesto de la historia para dependencia, más de 1.639 millones de euros para 2021, un 6,61% más, y hemos incrementado el presupuesto para atención a la dependencia en un total de 270 millones de euros", subraya.
Ruiz destaca el importante papel jugado por todos y todas las trabajadoras del sector, desde el personal de la ayuda a domicilio, de residencias o de centros de día, pasando por el personal valorador, el que elabora los PIA o los teleasistentes. "Todo esto no hubiera sido posible sin su compromiso e implicación".
"Ha supuesto un gran trabajo por parte de todos los profesionales que nos dedicamos a la dependencia en Andalucía", resume Sara Caballero, trabajadora social de elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), quien destaca que se ha priorizado "a las personas que vivían solas y a las que asistían a un centro y por cuestiones sanitarias ya no podían hacerlo". "Nos hemos tenido que reinventar", corrobora Maria José Navarro, auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio, "pero el SAD en tiempos de pandemia ha sido imprescindible y esencial", subraya.
El Observatorio elabora su informe a partir de una valoración territorial del desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia respecto a una serie de 14 indicadores. Y Andalucía, a través de la Consejería y la Agencia de Servicios Sociales (ASSDA), destaca en los referidos a la atención de personas en situación de dependencia que, además, suponen la generación de empleo.
Es el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio, que ha experimentado un incremento de personas usuarias superior al 33% en los últimos tres años. Andalucía atendió en 2020 a 8.180 nuevas personas beneficiarias, con un crecimiento del 3,71%, lo que contrasta con el débil crecimiento del conjunto nacional situado en apenas un 0,81%. Y valora que se ha reducido en un 21% el número de personas desatendidas. Unos datos que muestran el esfuerzo realizado desde la Consejería y la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía para contrarrestar el impacto de la pandemia.
"La responsabilidad era muy grande, porque podíamos ser vector de contagio", rememora Navarro, "pero una conversación de media hora para ellos ha sido mucho, porque algunos estaban completamente solos". "Y a muchos familiares también les ha dado la vida, un rato de respiro, y nos lo agradecen cada vez que pueden", destaca.
La misma sensación tienen en el servicio de Teleasistencia, desde donde el acompañamiento, aunque de otra manera, no paró porque los usuarios necesitaban más que nunca una voz amiga. De hecho, ha sido el año de más llamadas. "Creo que ellos han estado satisfechos con nosotros como lo están normalmente, y así nos lo hacen saber al considerarlo uno de los recursos mas valorados del servicio de dependencia", concluye Cristina Casado, profesional del Servicio Andaluz de Teleasistencia.
La comunidad representa el 22,8% del total de personas beneficiarias sobre el total de la población potencialmente dependiente, solo superada por Castilla y León. Asimismo, Andalucía supone casi el 40% (39,5) del total de solicitudes sobre el total de la población potencialmente dependiente, es decir, la mayor representación en el conjunto nacional, y por encima del promedio nacional situado en 26,6%.
Pese al volumen de población, Andalucía cerró el ejercicio pasado con 17.680 nuevas atenciones, de las cuales el 85% corresponden a Servicios de Ayuda a Domicilio. Los servicios de proximidad (Ayuda a Domicilio y Teleasistencia) alcanzan el 62,7% del total de las prestaciones y servicios recibidos por las personas dependientes en Andalucía, duplicando los realizados por el resto de comunidades en la media nacional.
Asimismo, la región presenta unos datos de gestión positiva respecto a la ratio de prestaciones por persona beneficiarias, que se sitúa en 1,36 puntos, o la ratio de servicios de proximidad frente a prestaciones económicas (2,82 punto frente al 1,32 de promedio nacional).
Otro indicador positivo en 2020 ha sido la tasa de variación interanual de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente en la región, fruto del esfuerzo para atender al mayor número de personas en situación de dependencia y reducir la lista de espera. Andalucía está, además, entre las pocas comunidades que han tenido una tasa de cobertura positiva, situándose tres puntos por encima de la media nacional.
MÁS DE 51.000 EMPLEOS DIRECTOS
Muchos de los recursos por los que apuesta Andalucía tienen la doble vertiente de atender a los usuarios y, por otro lado, anclar al territorio y crear empleo, como apunta el Observatorio. Así, el Sistema de la Dependencia genera en la región 51.277 puestos de trabajo directos, siendo la quinta comunidad autónoma que más empleo genera por millón invertido: 41,4 empleos por millón, frente a los 37.3 empleos por millón en el conjunto del Estado.
No obstante, tal y como se desprende del informe, es mejorable el resultado respecto a las personas con derecho reconocido pendientes de atención, aunque este se ha reducido respecto a años anteriores. Es la prioridad que se ha marcado la comunidad autónoma para este 2021 tras aprobar su mayor presupuesto para políticas sociales y dependencia y sumar además de otros 250 millones procedentes de los fondos europeos de Transformación, Resilencia y Recuperación y del Plan de Choque para la Dependencia.
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