La Junta de Andalucía cuenta con 3.677 viviendas de su titularidad que se encuentran ocupadas irregularmente, mientras que ha abierto expedientes de recuperación a 316, según explica la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en respuesta a una pregunta de Vox sobre ocupación ilegal de viviendas públicas en Andalucía.
Según la información que aparece en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) de 16 de marzo, aunque está rubricada por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, el 14 de diciembre de 2020, traslada al parlamentario de Vox Rodrigo Alonso que "es díficil de precisar el coste para las arcas públicas por la ocupación de estas viviendas".
Carazo alega para ello "situaciones de muy distinta naturaleza", entre las que indica "la falta de ingresos al dejar de percibir las rentas de arrendamiento y otros conceptos asimilados: costes de mantenimiento y adecuación tras la recuperación del inmueble".
Los 316 expedientes abiertos por la Consejería para recuperación de inmuebles por ocupación ilegal se desglosan en 228 por desahucio administrativo por ocupación sin título y recuperación posesoria; 23 son procedimientos contenciosos; 7 por desahucio civil por ocupación sin título; 31 por procedimientos penales por ocupaciones ilegales; y 27 por entrada en domicilio con postulación.
CERCA DE 50.000 VIVIENDAS EN ALQUILER
Según datos suministrados por la Consejería en un informe de seguimiento del cumplimiento de una moción sobre materia de vivienda, publicado en el BOPA de 10 de marzo y que firma Marifrán Carazo con fecha de 1 de febrero, la Junta de Andalucía es titular de un parque de vivienda en alquiler de 49.383 viviendas, que son titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y gestiona esta Agencia.
La renta media de estas viviendas asciende a 126 euros, si bien el mayor porcentaje de inquilinos, un 89%, no paga al mes más de 60 euros de renta de alquiler.
La Consejería recuerda que son los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida los que designan a los adjudicatarios de las viviendas públicas, aunque éstas sean de titularidad autonómica.
Fomento esgrime que, además del Parque público de viviendas de titularidad de AVRA, ha puesto en marcha el Programa de Fomento de Viviendas en Alquiler a precio asequible, una iniciativa de subvenciones en concurrencia competitiva para promotores públicos, privados y fundaciones que promuevan viviendas en alquiler al menos durante 25 años con rentas asequibles para que los beneficiarios no destinen más del 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.
La Consejería ha dado cuenta del desarrollo de dos convocatorias y prevé la tercera en el primer cuatrimestre de este año.
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