El número de expedientes tramitados por la Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para prevenir la aparición de irregularidades urbanísticas se ha duplicado en solo dos años. Así, frente a los 557 expedientes tramitados en 2018, último año de la legislatura anterior, en 2019 se contabilizaron 965 expedientes, un 73 por ciento más, y en 2020, a pesar de la pandemia, el número de expedientes alcanzó los 1.087, lo que supone un incremento del 12 por ciento respecto a 2019 y un 95 por ciento más si se compara con 2018.
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha señalado que estos datos demuestran que con la aprobación del decreto ley 3/2019, de 24 de septiembre, de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares en Andalucía y con el incremento de la labor inspectora “el Gobierno andaluz demuestra su interés por luchar contra la proliferación de este tipo de construcciones, que no sólo atentan contra la normativa urbanística sino que tiene graves consecuencias medioambientales para el territorio”. “De nada vale haber aprobado el decreto para regularizar viviendas irregulares que llevaban décadas en un limbo jurídico si dejamos proliferar este tipo de edificaciones ilegales como hacían los anteriores gobiernos socialistas. No lo vamos a permitir”, ha incidido la consejera.
Marifran Carazo ha destacado que este incremento de la actuación inspectora se ha producido gracias a la labor de reestructuración y refuerzo de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo que, en la medida de lo posible, ha optado por potenciar las medidas preventivas frente a las represivas y por una mayor presencia en el territorio del personal inspector. Así, durante el año 2020, y a pesar de que en el periodo de confinamiento del Estado de Alarma se suspendieron las visitas durante tres meses, el servicio de inspección realizó 524 visitas, frente a las 164 contabilizadas en 2018.
Ese incremento de las visitas de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo a lo largo de toda Andalucía se ha producido no sólo a raíz de las denuncias recibidas, sino en base a una programación previa de las actuaciones a partir de un diagnóstico del territorio efectuado mediante el detallado rastreo de nuevas edificaciones y construcciones detectadas en la ortofotografía digital disponible.
Para garantizar la eficacia de las actuaciones disciplinarias, se está haciendo uso de las herramientas previstas legalmente para suspender de inmediato la ejecución de actuaciones ilegales en suelo no urbanizable. En especial, de las órdenes de suspensión de actuaciones ejecutadas sin licencia, del precinto de construcciones irregulares en construcción, del corte de suministros ilegales y la de la imposición de multas coercitivas.
Dada esta tarea preventiva y de contención de la ilegalidad en los primeros estadios, en 2020 el servicio de inspección precintó 65 edificaciones en el seno de parcelaciones ilegales, impidiendo con ello la formación de núcleos de población en suelo no urbanizable. El dato contrasta con el hecho de que en 2018 no se llevase a cabo ningún precinto. En esta labor para frenar los procesos parcelarios está siendo clave la coordinación con los ayuntamientos, las fuerzas y cuerpos de seguridad municipales y estatales, así como con la Fiscalía dado que, en los últimos años estas parcelaciones ilegales se desencadenan a un ritmo vertiginoso, mediante la autoconstrucción o la instalación de casas prefabricadas en el terreno.
Junto a estos precintos, destacan las resoluciones de contenido económico contra los parceladores que, con ánimo de lucrarse y a sabiendas de su ilegalidad, venden cuotas de suelo no urbanizable. En 2020 se abrieron 75 expedientes sancionadores por importe superior a cuatro millones de euros. Ese dato triplica los 25 expedientes iniciados en 2018. Es de destacar igualmente la apertura de hasta 16 procedimientos sancionadores por haber publicitado en Internet la ejecución de estas obras, una de las novedades que incluía el decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, o los 48 procedimientos de protección de la legalidad urbanística en suelo no urbanizable.
La seriedad de las medidas adoptadas por la Junta y las multas impuestas a quienes no restauran voluntariamente la legalidad es tal que en los últimos meses se han comunicado demoliciones voluntarias prácticamente a lo largo de todo el territorio andaluz, constando la autodemolición de edificaciones ilegales construidas en Oria (Almería), El Palmar de Vejer de la Frontera (Cádiz), Alcolea del Río (Sevilla), Ibros (Jaén), Iznájar (Córdoba) o Algatocín (Málaga).
Condicionada por la estructura de la propiedad de cada territorio, la segunda residencia en suelo no urbanizable suele manifestarse bien de manera aislada (cuando el propietario edifica en su parcela) o bien en forma agrupada, cuando interviene la figura de un “operador” que actúa como parcelador, lucrándose mediante la división y venta de parcelas de suelo no urbanizable con una finalidad urbanística. La primera de las formas, si bien se extiende por todo el territorio andaluz, es más frecuente en las provincias orientales, en las que predomina el minifundio. Las parcelaciones urbanísticas, en cambio, encuentran actualmente su espacio en las más extensas parcelas propias de las provincias occidentales. De hecho, la ocupación ilegal del suelo que más preocupa a la Inspección se da en el litoral gaditano y en la periferia de grandes ciudades de Cádiz y Sevilla.
En el caso del litoral gaditano, el ejemplo más preocupante es el del Palmar, de Vejer de la Frontera, donde la alta concentración de personas en los meses estivales, la obstaculización de los viales y la ausencia de controles de legalidad en el acceso a los suministros (fosas sépticas ilegales, captaciones ilegales de agua y energía eléctrica) implican un creciente riesgo para la seguridad y salud de los usuarios.
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