La Fiscalía advierte del incremento alarmante de la violencia hacia los padres

El fiscal de menores de Granada, Rogelio Muñoz, advirtió ayer de un aumento "alarmante" de la violencia de hijos a padres y llamó a una reflexión sobre cómo se establecen actualmente las relaciones familiares.

Muñoz hizo estas declaraciones durante la presentación de un balance del sistema de intervención socio-educativa con menores de 12 a 14 años con expediente abierto en la Fiscalía que desarrolla desde 2007 el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Junta con la asociación Imeris.

Los menores que participan en este programa por violencia filio-parental representaban el año pasado un 5,1 por ciento y este año suponen el 6,5 por ciento, aunque el fiscal ha resaltado que en los menores entre 14 y 18 años las cifras "cambian radicalmente" y han subido "de manera alarmante".

Muñoz puso como ejemplo que sólo entre el miércoles y el jueves se presentaron ante la Fiscalía cinco denuncias por violencia de hijos a padres y consideró que ha llegado el momento de dar respuesta a esta problemática.

En total, este año la Fiscalía ha incoado 104 expedientes por hechos cometidos por menores de 14 años en la provincia de Granada, de los que más del 85 por ciento se refieren a delitos contra el patrimonio, como hurtos y robos.

La Fiscalía remite todas las diligencias preliminares al Servicio de Prevención y de Apoyo a la Familia y aunque el grueso de actuación se refiere a menores entre 12 y 14 años, también entre los 14 y 18 años hay casos en los que se decide que la respuesta no debe ser penal sino del sistema de protección.

Corresponde al Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia valorar la intervención en cada caso y el programa socio-educativo ha recibido un total de 184 expedientes desde que comenzó a funcionar en noviembre de 2007, según informó la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Magdalena Sánchez.

El fiscal resaltó el éxito de este programa, ya que el grado de reincidencia se sitúa por debajo del 1 por ciento, y la delegada apuntó que un 89 por ciento de las familias aceptan la participación en el mismo, que es voluntario.

Sánchez señaló que la mayoría de los casos de los menores que participan se refieren a delitos contra el patrimonio, aunque por otra parte más del 25 por ciento de los casos son por lesiones o agresiones entre iguales.

El fiscal de menores defendió que en la intervención debe incidirse en la responsabilidad del menor en el hecho delictivo, en sus circunstancias personales y en su situación social y familiar.