La reciente aprobación de la fusión entre Unicaja y Liberbank por parte de los Consejos de Administración de ambas entidades deja en manos de sus respectivas juntas de accionistas y del propio Gobierno la formación del quinto mayor banco español. Aunque la fusión aumenta la solvencia de ambas entidades y puede tener efectos positivos para sus clientes y depositantes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de una probable reducción de la competencia, ya amenazada por la reciente fusión de CaixaBank con Bankia, así como de un nuevo cierre de oficinas bancarias, especialmente en el ámbito rural.
En los últimos diez años el número total de oficinas se ha reducido al menos en un 40%. Una circunstancia que perjudica especialmente a la España rural, donde abunda un usuario bancario más vulnerable y con menos acceso a la digitalización; y donde el nuevo banco tiene buena parte de sus sucursales: Unicaja y Liberbank sumarán más del 33% de las oficinas bancarias en once provincias: Cuenca (54%), Zamora (50%), Cáceres (50%), Soria (46%), Salamanca (45%), Córdoba (40%), Toledo (37%), Palencia (35%), Ciudad Real (35%) y Valladolid (33%).
Además, OCU advierte de los efectos negativos que puede tener esta nueva concentración de entidades en la competencia de los servicios financieros. A la más que probable subida del precio de los servicios financieros se suman las dificultades para trasladar las cuentas de una entidad a otra, tal y como OCU viene denunciando
En definitiva, OCU solicita al Gobierno que garantice una estructura básica viable para servicios bancarios esenciales en la España interior y rural, donde ya se concentra gran parte de la exclusión de todo tipo de servicios. De hecho, OCU considera que el Estado debe valorar el servicio bancario físico como “servicio básico y universal” de modo que se garantice que llega a toda la población, igual que las telecomunicaciones o el servicio de correos.
