El pleno del Parlamento dio ayer luz verde a la tramitación de la Ley de Aguas de Andalucía, una norma que regulará el ciclo integral, potenciará el ahorro y prevé unificar el precio de las tarifas, aspectos que no convencieron al PP, que pidió su devolución por su "afán recaudatorio".

Apoyada por el PSOE e IU, es la primera norma autonómica que surge tras la cesión de la competencia del Guadalquivir y fue considerada "clave e imprescindible" por la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, que cree que representa una "oportunidad" para el desarrollo de la comunidad, por lo que pidió consenso.

Destacó que regulará el ciclo integral del agua, lo que redundará en "mayor ahorro y mayor beneficio" y servirá para cumplir con las directrices de la UE, que exige que todo el agua esté depurada en 2015.

El compromiso de la Junta pasa por un plan de infraestructuras que estará listo dos meses después de la aprobación de la ley con una dotación de 1.500 millones, la creación de 24.000 empleos y la construcción de 300 plantas depuradoras.

Plantea corregir el desequilibrio de tarifas que existe entre los distintos municipios, lo que Castillo denominó "homogeneizar" los precios entre los territorios, evitando que unos ayuntamientos cobren más que otros por el agua a sus vecinos.

El precio estará en consonancia con el consumo y las cantidades que recauden los ayuntamientos se reinvertirán en el plan de infraestructuras de depuración y saneamiento, aunque el PP cree que se trata de una subida de impuestos en plena crisis.

Carolina González Vigo, del PP-A, arremetió contra el proyecto por aumentar el poder de la administración y "usurpar" competencias a los ayuntamientos y derechos a los usuarios.

"Incrementa la burocracia y la inseguridad jurídica, es intervencionista y preocupa su afán recaudatorio", denunció la diputada, que cifró en 800 los millones que se recaudarán en cinco años por la "subida".

"El aumento del precio del agua, que será del 40% por familia, afectará a casi todos los andaluces", advirtió González Vigo.

José Antonio Castro, de IULV-CA, discrepó con las posiciones del PP, al que acusó de contemplar el agua como "un negocio" y puso como ejemplo que el agua más cara de Andalucía se da en tres ciudades gobernadas por el PP.

Castro apoyó la recuperación de los costes del agua, la apuesta de la norma por la gestión integral, sus principios mediambientales y el control público del agua, si bien opinó que la ley es "mejorable".

Leyes locales

Por otra parte, el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, reclamó ayer a los partidos políticos que estén "a la altura de las circunstancias" para apoyar el anteproyecto de ley de Autonomía Local y de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, y para ello propuso un diálogo "sincero y abierto", después de que los anteproyectos de Ley contaran con el voto en contra del PP en el Consejo Andaluz de Concertación Local

La portavoz de Política Municipal del PP andaluz, Carmen Crespo, dijo que la voluntad de consenso de su partido no puede traducirse en respaldar "el paso atrás" que se ha producido desde el primer borrador hasta la elaboración de los anteproyectos de ley, advirtiendo de que si se reconocen las competencias se tienen también que reconocer la financiación correspondiente.

Diego Valderas (IU), que se mostró de acuerdo con Pizarro en la necesidad de alcanzar "el máximo nivel" de consenso, lamentó que estas leyes no se vayan a empezar a debatir hasta el mes de febrero de 2010 y añadió que IU no respaldará unas normas que no tengan "calidad".

Mientras, el PSOE-A rechazó ayer en el pleno del Parlamento una proposición de ley del PP sobre el trabajador autónomo, que pretendía regular las políticas de apoyo y fomento del sector e impulsar su actividad en plena crisis económica a través medidas exenciones fiscales y de facilitar los créditos.

Aunque tanto IU, que se abstuvo, como PSOE, reconocieron que hay partes “buenas” en la propuesta, el partido mayoritario recordó que hace poco la Cámara decidió impulsar la regulación del trabajo autónomo y crear un grupo de expertos que la aborde con la participación de los sectores implicados.