La Junta de Andalucía propondrá hoy al Gobierno liquidar parte de los 784 millones de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto, la deuda histórica, en solares durante la reunión que ambas partes celebrarán en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.

La disposición del Ejecutivo autonómico por este tipo de liquidación fue despejada ayer por la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien aseguró: "voy a pedir solares porque necesitamos suelo para vivienda pública, hay suelo del Estado y ese suelo lo voy a pedir".

En una entrevista con Canal Sur TV recogida por Efe, la consejera explicó que en esta negociación hay que tener "abiertas" todas las posibilidades, aunque precisó, a continuación, que no cree "que sea malo" para Andalucía que una parte de la deuda histórica se liquide en bienes y servicios, tal como recogen los Presupuestos del Estado de 2010.

"No es malo que se pague en bienes convertibles en cosas que Andalucía necesita y los solares es uno de ellos y los voy a pedir", aclaró.

Aunque sostuvo que en esta negociación están las "posibilidades abiertas", Martínez Aguayo se mostró convencida de que ambas administraciones se pondrán de acuerdo en la tasación de los solares del Estado que la comunidad necesita, si bien precisó que deberán ser nuevas tasaciones.

El Gobierno andaluz ha defendido en los últimos años que el pago de la deuda histórica iría destinado a sanidad, educación y servicios sociales, que sirvieron de criterio para su evaluación, un aspecto del que la consejera comentó que aunque se liquide en solares será "razonablemente incorporado" a la política de vivienda.

Las viviendas "tienen un contravalor" que decide la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) y ese contravalor irá dedicado como ingreso a gastos de educación, sanidad y servicios sociales, agregó.

La idea del cobro en solares concuerda con una de las enmiendas presentadas por el grupo del PSOE a los presupuestos andaluces del 2010 en la que plantean que la futura sociedad mercantil de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial SA (Sogefinpa), pueda recibir la titularidad de bienes inmuebles para el cumplimiento de las actividades que constituyen su objeto social.

Para los grupos de la oposición, esta posibilidad "incumple" el Estatuto, ya que consideran que los 784 millones de euros pendientes de abonar debe realizarse en dinero en metálico, y "no en especie".

La depreciación de la deuda histórica

De hecho, el coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas, indicó ayer que si finalmente la Junta acepta el pago de la deuda histórica en solares, "estará aceptando la depreciación de la deuda".

En este sentido, indicó que "no es de recibo que se acepte ese pago en solares o en especies cuando Andalucía necesita dinero contante y sonante para afrontar la crisis económica y hacer frente a un presupuesto venido a menos".

Asimismo, indicó que de aceptar esto "supondría un nuevo engaño para los ciudadanos y se convertiría la deuda histórica en una mini-deuda que juega contra los intereses de la ciudadanía y se encuentra fuera del Estatuto de Autonomía".

Además, recordó que antes de la firma de dicho Estatuto "jamás oí hablar de que la deuda se cobrara en especies o solares, sino nos habríamos opuesto".

El PP amenaza con no asistir hoy a la sesión de control del Parlamento

El PP amenazó ayer con no asistir a la sesión de control al Gobierno andaluz de hoy en el pleno del Parlamento ante la posibilidad de que decaigan hasta ocho preguntas orales dirigidas al Ejecutivo, justificadas por la ausencia de la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que se desplaza a Madrid para asistir a la Comisión Mixta.

La portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, apuntó que están a la espera de que la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, les informe si finalmente algún otro consejero contestará a las preguntas que formulará el PP, puesto que habrían planteado otras cuestiones si hubieran sabido que Martínez Aguayo no asistirá.

La dirigente del PP lamentó que "los pleitos internos, las disputas, la división y la descoordinación" existente dentro del PSOE estén repercutiendo en el desarrollo del pleno, por lo que insistió en que existe la posibilidad de que su partido no asista a la sesión de control "porque nos están impidiendo" realizar el deber del principal partido de la oposición de controlar al Ejecutivo.

Según la dirigente popular, la mayoría socialista ha impedido que en el orden del día del pleno aparezcan preguntas como la relativa al conflicto con Gibraltar, la que pedía explicaciones de por qué no se celebra el próximo Consejo de Ministros en Sevilla, dos preguntas sobre "deuda histórica", otra sobre corporaciones locales, así como la relativa a los altos cargos y la repercusión de los impuestos.

Igualmente, al PP se le ha "tumbado" una pregunta sobre el coste de las obras del Palacio de San Telmo, y sobre las inversiones del Estado en Andalucía que no han sido ejecutadas, según explicó la portavoz parlamentaria del PP, quien ha añadido que todas estas preguntas podrían responderse por otro consejero del Gobierno.

Se trata, a juicio de Esperanza Oña, de un "boicot" a la sesión de control al Gobierno porque el PSOE tiene "miedo" a que el PP "siga poniendo contra las cuerdas" al Gobierno, y añadió que los socialistas han utilizado "una artimaña" para que el Gobierno no conteste a las preguntas de la oposición.

Por su parte, el Gobierno andaluz consideró ayer "totalmente injustificada" la posible ausencia del PP en la sesión de control porque la ausencia de la consejera está justificada y ls preguntas dirigidas a ellas no decaen sino que se trasladan al sigueinte pleno, por lo que "por tanto, no se impide ni obstaculiza la labor de la oposición, simplemente se aplaza".

La asistencia por delegación de la consejera a la comisión de comunidades permite al Presidente de la Junta de Andalucía asistir a la sesión de control, con lo que facilita y cumple con el control parlamentario que ejerce la oposición, subraya el Ejecutivo.

La "amenaza" del PP-A de no acudir al pleno es "no sólo injustificada, sino también carente de apoyo en el Reglamento de la Cámara y poco adecuada a las buenas prácticas democráticas", concluye el Gobierno.