Las residencias de mayores andaluzas han registrado desde el principio de la pandemia 1.815 fallecidos por covid y 9.581 contagios, con una tasa de mortalidad en estos centros del 26,67 % frente al 1,56 % de la población en general.
Así se recoge en un informe elaborado por el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones y la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ante su preocupación por "la enorme incidencia de contagios y fallecimientos que estaba teniendo la pandemia en las residencias de personas mayores" y para intentar parar esta "sangría".
En el estudio se subraya que la Junta de Andalucía, en la tercera ola, "sigue insistiendo en la aplicación de los protocolos de sectorización y medicalización dentro de las residencias, que se han demostrado fracasados" por la cifra de fallecidos y contagios registrada.
Además, critican que "se continúa ignorando" lo recomendado en el informe del grupo de trabajo covid-19 del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En ese informe se recoge que "derivar a los afectados por infección de SARS-CoV-2 de las residencias hacia centros intermedios y gestionados por el sistema sanitario en colaboración con los servicios sociales y conectados con el ámbito hospitalario es una estrategia que ha mostrado alta eficacia".
De esa forma se rebaja "sensiblemente el riesgo de propagación de la infección en el medio residencial, lo que permite que este último mantenga su funcionalidad”, según añaden tras afirmar que se ha dado "por hecho que en la residencia se podía prestar una asistencia sanitaria adecuada, lo que se ha demostrado que no es posible".
En Andalucía debería haber 71.491 plazas residenciales según las recomendaciones de la OMS y el número de habitantes mayores de 65 años pero hay 42.585, lo que supone un déficit de 29.356 plazas, y todas las provincias andaluzas están por debajo de la media nacional.
Además, el reparto "es muy deficitario en el sector público", que solo dispone del 22,31 % de las plazas, mientras que el otro 77,69 % está "en manos de las empresas privadas, desembarcadas en los últimos años procedentes de grandes fondos de inversión extranjeros, de aseguradoras e incluso de constructoras multinacionales", según lamentan.
Estas empresas han invertido en el sector de las residencias "atraídas por la oportunidad de negocio que suponen" y carecen de "experiencia y vocación", aseguran los autores del informe.
La pandemia ha puesto de manifiesto que las residencias "no estaban preparadas para hacer frente a esta crisis sanitaria" y que son espacios de uso colectivo "cuyas infraestructuras no son siempre apropiadas para contener una pandemia de estas características", añaden.
También explican que el modelo residencial está concebido como un centro prestador de servicios y considera a la persona "como un sujeto pasivo receptor de esos servicios, lo que produce un gran desarraigo y melancolía en las personas".
Por ello, consideran "necesario reorientar las residencias hacia un modelo centrado en la persona, entendiéndola como un sujeto activo, concediéndole capacidad para participar en las decisiones del entorno que le rodea, manteniendo su autonomía y el control sobre su propia vida".
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