La reunión con el Estado para liquidar la deuda histórica será mañana pero el Gobierno andaluz no aclara si habrá solares, pago en especies o abono de cantidades no transferidas
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Manuel Pérez Yruela, no quiso ayer aclarar cómo se concretará la forma de pago de la deuda histórica, que centrará la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Junta-Estado, reiterando que se realizará “de la mejor manera y como mejor convenga a Andalucía”.
Pérez Yruela apuntó que la Junta tiene establecido “desde hace tiempo” los criterios para que se produzca el pago de la deuda histórica por parte del Estado aunque eludió pronunciarse sobre si una parte de los 780 millones que restan se realizará en bienes y propiedades estatales (solares o especie) o cómo se abonarán los 300 millones que se adelantaron en los presupuestos de este año y que aún no han sido transferidos a la comunidad.
Reiteró la frase que en muchas ocasiones ha utilizado la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, afirmando que será “de la mejor manera y como mejor convenga” a Andalucía dentro del plazo establecido en el Estatuto, que marca su liquidación antes del 20 de marzo de 2010.
Por otra parte, Pérez Yruela afirmó que el Gobierno andaluz “no ve motivos” para pedir la dimisión del vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por la subvención concedida a Matsa, empresa en la que trabaja su hija Paula, insistiendo en la legalidad y transparencia que caracterizó a este procedimiento.
Sobre este asunto, el propio Manuel Chaves afirmó ayer que son "otros" los que mienten en este asunto y aseguró que "yo nunca he mentido en este caso".
En cuanto a la reunión del Consejo de Gobierno, que ayer se desarrolló en la sede de la Fundación Tres Culturas donde se firmó el acuerdo de concertación, la Junta aprobó ayer destinar 19,94 millones de euros a las ocho diputaciones provinciales y a los 78 municipios de más de 20.000 habitantes para financiar el próximo año los contratos de 536 trabajadores para el Sistema de Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Estos profesionales, incorporados durante 2006 y 2007, realizan fundamentalmente actividades relacionadas con la tramitación de las solicitudes de baremación de la dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios, así como con la ayuda a domicilio.
De ellos, la mitad son trabajadores sociales y la otra mitad personal administrativo, contratados tanto por los municipios de más de 20.000 habitantes como por las diputaciones provinciales para su distribución en las zonas de trabajo social del resto de las localidades.
Los Servicios Sociales Comunitarios se encargan, entre otras funciones, de gestionar la ayuda a domicilio, tramitar ayudas sociales y prestar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a los colectivos más necesitados, como mayores, personas con discapacidad o inmigrantes.
Su gestión compete a las entidades locales, mientras que la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal. Actualmente, estos servicios están atendidos por casi 13.000 profesionales.
La implantación del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía ha motivado la contratación durante los últimos tres años de un total de más de 1.400 personas, entre las que se incluyen las 536 destinadas a los Servicios Sociales Comunitarios y 615 correspondientes a los servicios de valoración de la Consejería para la Igualdad y Bienestar.
Este departamento consigna en su presupuesto de 2010 una dotación inicial de 791 millones de euros (un 49% más que en el presente ejercicio) para el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, que se llevará a cabo de forma gradual en el periodo 2007-2015.
Actualmente, reciben prestaciones casi más de 132.000 personas valoradas de "gran dependencia" y dependencia severa.
Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la puesta en circulación de emisiones de deuda pública anotada y la concertación de operaciones de endeudamiento por un importe de hasta 83,1 millones con destino a la financiación de inversiones.
Estas operaciones podrán tener plazos de vencimiento de hasta 30 años y adoptar distintas modalidades en función de la coyuntura de los mercados financieros.
