Las comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta) han pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir y acordar un nuevo modelo de reparto para el fondo de la UE.
En el escrito, remitido conjuntamente al Ministerio de Hacienda, señalan que el reparto debe de ser acordado entre las autonomías bajo los principios de "transparencia, igualdad, solidaridad, cohesión territorial y toma de decisiones democrática".
Denuncian "la falta de información y la forma de proceder del Gobierno" respecto a la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, en particular, respecto al procedimiento "falto de transparencia, impuesto y discrecional con el que han establecido el reparto territorial".
Quieren hacer saber a la Comisión Europea "la deficiente gestión del Gobierno de España" respecto a la información de los fondos europeos y "la inexistente participación que este está dando" a las comunidades autónomas.
Precisan que no se han vuelto a reunir desde la Conferencia de Presidentes del pasado 26 de octubre, a la que asistió la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.
También quieren trasladar a la Comisión Europea que los criterios de reparto "se están imponiendo unilateralmente" por el Gobierno, "sin transparencia, con decisiones en nuestra opinión sectarias, poco democráticas, que tratan de beneficiar a ciertos territorios por razones políticas, lo que es claramente intolerable y un abuso" que la UE no debería permitir a ninguno de sus Estados miembro.
En la declaración conjunta, firmada por los consejeros de Hacienda de esos territorios, aluden a una reciente videoconferencia del Gobierno para el reparto territorial de los fondos, a la que fueron convocados los directores generales de Fondos Europeos de las diferentes comunidades.
"En una clara muestra de falta de respeto institucional", precisan, ya que al ser "una cuestión tan importante" debería haberse abierto un foro de debate con los titulares de Hacienda.
A su juicio, la propuesta de reparto está impuesta por el Gobierno, "sin dar espacio al diálogo que entendemos es imprescindible para abordar con éxito la gestión de los fondos para la recuperación económica y social de nuestro país".
Insisten en que el modelo de reparto propuesto se hace "con criterios y datos que no son transparentes, fruto de un proceso tan interno como opaco del Gobierno", en el que no se le ha dado trámite a las comunidades, y que "claramente beneficia a algunas regiones frente a otras" por "exclusivamente razones políticas", lo que les parece "inaceptable" en un Estado democrático.
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