La Junta de Andalucía ha abierto un expediente informativo a Endesa para que aclare las causas de los últimos cortes de suministro en la Zona Norte de Granada capital, y ha pedido al Gobierno central la creación de unidades policiales específicas para luchar contra la defraudación de fluido eléctrico.
La Comisión Mixta de seguimiento de los cortes de luz en Granada se ha reunido recientemente para analizar los últimos datos relacionados con las incidencias producidas en distintos puntos de esta provincia andaluza, principalmente en la Zona Norte de la capital.
El encuentro, presidido por el delegado del Gobierno, Pablo García, contó con la participación los responsable de Endesa, el Servicio de Industria de la Junta de Andalucía y la Agencia de Vivienda pública de la comunidad autónoma.
La comisión también analizó los datos de la defraudación de fluido eléctrico existente en este entorno geográfico de la capital así como la demanda de energía específica en determinados transformares, cuyos sistemas de seguridad se activan cuando la demanda de potencia supera los límites establecidos.
Esto provoca cortes de luz que afectan de forma generalizada a determinadas barriadas, según la Junta.
Expediente a Endesa
García ha dado instrucciones al Servicio de Industria para que abra este mismo martes un expediente informativo a Endesa para conocer los argumentos técnicos esgrimidos por la compañía enegética.
En concreto, se le ha exigido un informe detallado para que de forma inmediata presenten un registro de incidencias del último año desglosado por centros de transformación, incluyendo el número de usuarios afectados.
También se le ha requerido el detalle de las medidas llevadas a cabo por la empresa, incluyendo actuaciones e inversiones realizadas y previstas en las instalaciones así como la potencia total contratada en cada centro de transformación, comparándola con la potencia instalada.
Endesa deberá señalar en el informe la tendencia en la contratación de suministros en la zona en los últimos años, el incremento de potencia consumida total en la zona suministrada a través de los centros de transformación entre 2019 y 2020 tras el aumento de la potencian instalada en marzo de ese último año en la Zona Norte.
La Delegación del Gobierno en Granada pretende igualmente conocer mediante identificación exacta los centros de transformación en la zona que están a más del 80% de capacidad de carga ocupada, bien sea por contratos de suministros o por enganches directos sin contrato.
Una vez se conozcan la respuesta formal de Endesa, el delegado del Gobierno ha anunciado que el próximo viernes solicitará a la Subdelegación del Gobierno la creación de unidades policiales específicas para combatir de manera expresa los delitos de defraudación de fluido eléctrico.
Denuncia de Podemos-IU
Podemos-IU, por su parte, ha abierto este martes la posibilidad de formalizar una denuncia penal por posibles delitos de riesgo ante los continuos cortes de suministro eléctrico que sufre la zona Norte de Granada, una situación que se ve especialmente agravada ante la actual ola de frío y la pandemia de Covid-19.
Según ha informado en un comunicado el grupo municipal en el que se incluye esta coalición, esta tipificación delictiva integra bienes jurídicos como son la seguridad material de grandes masas de población ante daños y peligros de gran magnitud que afectan a la salud pública.
La organización apunta a empresas energéticas como Endesa, que es la que más incidencias está sufriendo.
Este tipo castiga de esta forma conductas peligrosas que atentan contra la vida, la integridad física o la salud, entre otras.
Pobreza energética
La edil Elisa Cabrerizo ha adelantado además que desde su grupo se propondrá hacer un mapeo del riesgo de salud y educativo por pobreza energética debida a los cortes de luz en el que colaboren tanto la Universidad de Granada como la Escuela Andaluza de Salud Pública.
El mapeo recogería aquellos domicilios "electrodependientes" diagnosticados en los centros de salud y en los que la formación de los menores se está viendo menoscabada por los cortes de luz, información que sería recogida por los colegios de cada barrio afectado.
Cabrerizo ha puesto de manifiesto que el corte de suministros básicos implica una vulneración de los Derechos Humanos al poner en riesgo la salud y el bienestar de las personas.
"Se trata de personas y familias que pagan sus facturas y no reciben el objeto por el que pagan", ha insistido la concejala.
Reacción del Defensor
Esta situación también ha llevado al Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, a solicitar el envío de un relator a la Organización de Naciones Unidas (ONU), una petición que ya está admitida a trámite para la elaboración del correspondiente informe.
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