Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al alcalde de El Puerto, Germán Beardo, exigiendo responsabilidades "ante la inacción del Área de Medio Ambiente en la macro escombrera del Rancho Linares y por la autorización fraudulenta de la concejal de Urbanismo, Danuxia Enciso, para reciclar esos escombros y eludir sanciones y la obligación de restaurar el terreno a su estado original", asegura el colectivo en nota de prensa.
Para los ecologistas continúan apuntando que "las ilegalidades y las manobras del equipo de Gobierno municipal para encubrir a la empresa promotora que pretende urbanizar el Rancho Linares continúan. Ante la enorme escombrera ilegal originada por el vertido de escombros procedentes de la demolición de la Residencia del Tiempo Libre de Cádiz, la actuación municipal sigue dirigida a no sancionar a la empresa promotora, el “Grupo Q”, y a encubrir a los responsables y técnicos municipales que han eludido su obligación de actuar ante un vertido de estas dimensiones, y que han podido incurrir en una presunta falsedad documental para avalar este proyecto ilegal".
Recuerdan que "desde que el 18 de mayo de 2020 Ecologistas en Acción presentó denuncia ante el Ayuntamiento por el vertido de escombros, la actuación de las Áreas de Urbanismo y Medio Ambiente no ha podido ser más lamentable. Tras las denuncias presentadas –también fue denunciado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, el SEPRONA y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía-, el Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente, Antonio Caraballo, se limitó a firmar un informe en el que asegura no ser competente en este tema, o sea, se declara directamente incompetente. Caraballo desvía el vertido ilegal al Servicio de licencias urbanísticas, omitiendo la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, a la que ni menciona, y cuyo cumplimiento es de su responsabilidad".
Esta Ordenanza prohíbe “La utilización, sin permiso expreso de los servicios municipales de Medio Ambiente competentes, de tierras y escombros para obras de relleno, equilibrado de taludes y cualquier otra actividad que pudiera llevarse a cabo en terrenos privados o públicos”. Así mismo estipula que “Se necesitará acreditar expresamente, para la utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma”.
EA afirma que para el "caso de infracciones muy graves por la entidad del vertido, como es el caso, las sanciones pueden ir desde 1.501 hasta los 35.000 €. Además, se debería haber clausurado la zona de vertido e inhabilitado a la empresa responsable para la gestión de residuos. Nada de esto se ha hecho, con un evidente trato de favor a esta empresa, muy diferente al dispensado a otras empresas responsables de vertidos de mucha menor entidad que han sido sancionadas por el Ayuntamiento".
Siguen reconociendo en nota que "a pesar de todas estas irregularidades, la Tte. de Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente firmó el pasado 3 de julio un Decreto aprobando una modificación del Proyecto de Urbanización para que se puedan utilizar los escombros depositados ilegalmente en Rancho Linares en los trabajos de urbanización. Y lo hace con pleno conocimiento de que el reciclaje de estos escombros necesita la autorización expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y que se tiene que someter previamente a una evaluación de impacto ambiental, según determina la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La responsable del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento sigue incumpliendo normas y leyes, generando una inseguridad jurídica total".
A su entender es "especialmente grave es la reiteración de responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento en la omisión de la legislación de prevención ambiental aplicable. Hay que recordar que el Proyecto de Urbanización se aprobó también sin someterse al preceptivo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y la modificación del PGOU de la que deriva, tampoco se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Todo un cúmulo de incumplimientos legales inadmisibles en una administración pública".
Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha solicitado al alcalde que "se proceda a incoar el correspondiente expediente sancionador y de restauración de los terrenos a su estado anterior en aplicación de la Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza Pública.”
Así mismo "demandamos que se incoe un expediente para investigar, y en su caso sancionar, la actuación de los funcionarios que, por activa o pasiva, han permitido este vertido de escombros, no proponiendo la aplicación del régimen sancionador estipulado la Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza Pública, e informando favorablemente los expedientes del Proyecto de Urbanización del Sector PP-CN-4 del PGOU “Rancho Linares” y su modificación para el uso de escombros reciclados, omitiendo la normativa de prevención ambiental y la mencionada Ordenanza Municipal".
Por último, "hemos requerido que se proceda a la revisión de oficio del Decreto firmado por la Tte. De Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente para el supuesto uso de áridos reciclados por incurrir en una manifiesta nulidad".
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