La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, informó ayer de que el Consejo de Gobierno aprobó ayer destinar 19,85 millones de euros a las ocho diputaciones provinciales y a los 76 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, con el fin de financiar durante el próximo año la contratación de 536 trabajadores para el Sistema de Atención a las Personas Dependientes.
Según Navarro, estos profesionales, incorporados a lo largo de 2006 y 2007, realizan fundamentalmente actividades relacionadas con la tramitación de las solicitudes de baremación de la dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios, así como con la ayuda a domicilio. De ellos, 268 son trabajadores sociales y 268 personal administrativo, contratados tanto por los municipios de más de 20.000 habitantes como por las diputaciones provinciales para su distribución en las zonas de trabajo social del resto de las localidades.
Navarro destacó que el reparto de la financiación por parte de la Junta, que se incrementa en un 4,5 por ciento respecto al pasado año, ha tenido en cuenta, entre otros factores, la población de cada municipio y la proporción de personas mayores.
Navarro también aseguró que el sistema de reparto de fondos destinados a aplicar la Ley de Dependencia "castiga" a las comunidades que están realizando mayor esfuerzo y han ido con un compromiso claro en la aplicación de la normativa.
Según la consejera, a la hora de repartir los fondos, se debe primar el número de personas atendidas, ya que "no resulta lógico, que Madrid, reciba casi 30 millones de euros, cuando ha atendido a unas 20.000 personas, y sin embargo, a Andalucía lleguen 42 millones de euros, cuando hemos atendido a más de 80.000 personas".
En este sentido, la consejera de Igualdad y Bienestar Social explicó que a la hora de establecer la financiación, se toman dos vías: las personas valoradas y reconocidas, y por otro lado, uno acordado que significa que una vez al año, en función de unos criterios se reparte una cantidad, lo que significa, a su juicio, que hay comunidades autónomas que "reciben una cantidad de dinero similar cuando realmente no están atendiendo a personas dependientes".
De esta forma, Navarro subrayó que hay que "primar el criterio de personas atendidas, y no sólo el número de personas mayores que pueda tener una comunidad", pues "no tiene lógica que hayamos recibido 42 millones de euros por esa vía cuando tenemos 115.000 personas con derecho, y más de 80.000 personas atendidas, y Madrid, cuente con casi 30 millones, cuando tiene 20.000 personas atendidas".
"Todas las personas tienen el mismo derecho y necesidades y no se puede castigar a las comunidades que están haciendo mayor esfuerzo", indicó la consejera de Igualdad y Bienestar Social, que dijo que es "obvio" que la Ley "necesita más dinero", ya que "la estimación que hacia el libro blanco no se corresponde con la realidad y al ser superior a lo que estimado, pues el dinero también tiene que aumentar".
En este contexto, Navarro apostó por esperar a que finalice este año para "ver y saber realmente lo que supone un año entero de aplicación de la Ley para valorar exactamente qué ha supuesto y qué ha supuesto en aquellas comunidades autónomas en las que hemos ido con un compromiso claro en la aplicación de la Ley y qué ha supuesto en otras que no han ido a ese ritmo".
Valoradas el 83,7% de las solicitudes
Por último, la consejera de Igualdad y Bienestar Social informó de los datos sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la comunidad andaluz a 12 de noviembre de 2008, que ponen de manifiesto, a su juicio, el compromiso claro con esta ley.
En al actualidad, hay 210.000 solicitudes, de las que han sido valoradas 175.850, lo que significa un 83,7 por ciento. Así, explicó que "nunca pueden estar valoradas el cien por cien de las solicitudes porque es un sistema vivo y siempre están entrando solicitudes".
Continuando con los datos, la consejera destacó que de las 175.850 solicitudes valoradas, 116.761 son gran dependientes o dependientes severos. De estas 116.761, según Navarro, 83.205 están recibiendo una prestación y de las que 37.500 son prestaciones económicas.
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