La marcha atrás del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien hace apenas unas semanas anunció que las subastas de medicamentos proseguirían para anunciar este lunes que finalmente iban a ser suprimidas siguen dando que hablar. Esta confusa maniobra (la supresión era una promesa electoral de la que se desdijo para ahora volverla a retomar tras, presuntamente, las presiones del PP en Madrid), no ha contado con la opinión de los médicos y sólo con la de la industria farmacéutica.
Según ha podido saber Andalucía Información, en la puesta en escena de la eliminación de la subasta de medicamentos no había ningún representante de los diferentes colegios de médicos de Andalucía y sí de Farmaindustria y Aeseg. No son pocas las voces que afirman que "la abolición del sistema de subasta supondrá un duro golpe a la sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, entre otras cosas, porque también se ha prescindido del paciente". Fuentes consultadas aseguran que "con el cambio de sistema el poder de elección del medicamento recae en gran medida en los farmacéuticos, verdaderos ganadores de esta maniobra, y sólo en escasísimas ocasiones, el paciente podrá tener voz y voto a la hora de elegir el fármaco".
A todo ello hay que insistir en que el fin de la subasta de medicamentos supondrá una pérdida de ingresos de 250 millones de euros (más de 41.500 millones de las antiguas pesetas, por ponerlo en perspectiva) para la Junta, dinero que estaba garantizado con el mantenimiento del modelo anterior. Ese dinero que se deja de ingresar supondría aproximadamente la vacunación sin coste al erario público de toda la población andaluza con el remedio más caro del Covid-19. También daría para pagar la reforma del Hospital Militar de Sevilla, la apertura de casi una decena de hospitales de alta resolución por no hablar de los refuerzos y contrataciones en las plantillas de médicos y enfermeros o el fin de la precariedad de los contratos del sector, que podrían haber sido convertidos en indefinidos.
Y es que, como se destacaba con anterioridad desde fuentes fidedignas del sector sanitario, "parece que sólo prima el interés de la industria farmacéutica, cuyo lobby formado por las compañías son las que han luchado por eliminar las subastas para obtener unas condiciones y descuentos que lees benefician sobremanera. Hasta ahora, el precio del medicamento nunca había sido más bajo para el paciente andaluz respecto a cualquier paciente del resto de España. Este descuento, que hasta ahora se lo llevaba la Junta de Andalucía, va a ir a parar ahora a manos de los farmacéuticos, cuando es la administración quien paga la factura farmacéutica durante la subasta".
Los farmacéuticos no han aceptado continuar con la subasta "incluso a sabiendas de que están en un mercado regulado, que le permite tener un negocio en condiciones óptimas de concurrencia de posibles competidores y con un margen de beneficio que muchos otros negocios quisieran".
De hecho, expertos consultados por Andalucía Información hacen hincapié en la "presión" y el "lobby" que existe alrededor de esta situación. Critican que han salido los representantes de la industria farmacéutica y de los farmacéuticos para defender un modelo que les interesa a ellos pero no han contado ni con los médicos ni con los pacientes. Aseguran que no es cierto que el médico ahora pueda prescribir y antes no: Al médico en Andalucía se le exige una cantidad de receta por principio activo y es cuando el farmacéutico puede dispensar el que quiera y es entonces cuando realmente funciona la selección de medicamentos de Andalucía.
Recalcan, además, que en todos los hospitales públicos de España hay concursos, pero en esos casos no hay un farmacéutico "que gane el dinero directamente sino que el propio hospital gestiona sus recursos".
Por tanto, esgrimen, "la Hacienda Andaluza ya no recibirá los 250 millones de euros previstos en 2021, ni en los sucesivos años que sí se los llevarán los 3.000 farmacéuticos que se benefician de esos descuentos y la industria farmacéutica que les vende, a costa de jugar con la salud de los ciudadanos". Lamentan, así mismo, que no habrá adherencia al tratamiento porque cada farmacia dispensa el medicamento que quiere. Por ello, defienden que "los ciudadanos andaluces siempre han sido iguales a los demás españoles, los que no eran iguales eran las farmacias que, además de llevarse el 28% de beneficio medio de cada medicamento que dispensan, se llevan el descuento (en torno al 50%) que el Estado paga íntegro y la industria que les agasaja para que todo se quede como está".
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