El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado en la mañana de este lunes el final del modelo de la subasta de medicamentos. Según ha explicado, "vuelve la normalidad" al sistema de acceso a los fármacos para los ciudadanos y "pacientes y médicos dejan de estar en desigualdad respecto a otras comunidades autónomas".
Lo que no ha contado Moreno es por qué no lo hizo, como prometió a su llegada a la Junta, en los primeros cien días de Gobierno. Y tampoco el motivo de tanta variabilidad en la toma de decisiones, Y es que hoy se ha anunciado una decisión contraria a la que conocimos hace escasos diez días: Andalucía se planteaba aprobar una reforma de la Ley de Farmacia de Andalucía de 2007 por la que se habría mantenido el sistema de subastas, con algunas modificaciones, pero subastas al fin y al cabo. Pero eso provocó protestas entre los farmacéuticos... Y otro escollo que podría haber sido el detonante de lo adoptado finalmente: El Partido Popular de Madrid.
Tal y como recogía Andalucía Información hace escasos diez días, el periódico especializado '
Sanifax' había publicado que la vicesecretaria general de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad del gobierno de José María Aznar, Ana Pastor, junto con la carta que envió el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, habrían logrado frenar la nueva subasta gracias a "sus múltiples gestiones". Según Sanifax, Pastor habría convencido a Moreno de la "inoportunidad de la medida".
Adiós al ahorro para las arcas autonómicas
Con la decisión adoptada por el Gobierno Andaluz, las arcas autonómicas pierden. ¿Por qué?
El sistema de subastas permite al gobierno andaluz
pagar menos a las oficinas de farmacia en concepto de medicamentos con precio público a la par que
aumenta los ingresos. Este es el motivo del incumplimiento de la promesa electoral, ya que,
como avisó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en 2019, el sistema andaluz para la selección de fármacos es "más eficiente" que el modelo actual en el conjunto del Estado y destacó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ahorrado 560 millones de euros entre 2012 y 2017, lo que supone un 5,6% de los 10.020 millones de euros reportados por el SAS en ese período.
Según un informe elaborado por Forest Partners, Estrada y Asociados, S.L.P., el sistema de subasta que había en Andalucía podía generar aportaciones para las arcas públicas de la comunidad autónoma que superaran los 1.013 millones de euros durante cuatro ejercicios más --desde el año 2019 al 2022.
La misma AIReF propuso extender el modelo de subasta de fármacos de Andalucía, aunque con cambios, a toda España. El propio consejero de Salud Jesús Aguirre explicó en junio de 2019 que las subastas en la comunidad se mantendrían hasta que se cumplieran con los contratos firmados con las empresas (a finales de este diciembre de 2020), "pero que la apuesta que ahora hace la Junta es por la compra centralizada de productos sanitarios y medicamentos".
Hasta ahora, Andalucía es la única comunidad autónoma de España que tiene vigente el modelo de subastas de medicamentos. Pero el enfrentamiento ha llegado a tal extremo que la Jutna de Andalucía ha cambiado sus planes.
El director de la revista 'El Farmacéutico', Francesc Pla, publicó en recientemente que "ha aflorado un pacto entre el Gobierno regional y Cocaf que lastraría un 21% el precio de los fármacos, hecho que recortaría el gasto del Ejecutivo regional pero que también barrería el margen de negocio mínimo de las farmacias, tal y como han denunciado los afectados". Diariofarma publicaba el
documento económico del SAS en el que preveía cuatro posibles impactos de su reforma: máximo, alto, óptimo y bajo. Estos escenarios acarrean un aumento de ingresos para la Junta de 250 a 106 millones, a la par que
una caída del precio de venta al público de entre el 35% y el 15%. El nivel óptimo recortaría un 21% lo que deben pagar los clientes. Esto
generaría ingresos de 150 millones a la administración regional y saldrían perdiendo las farmacias y la industria.
La Junta de Andalucía, con la decisión anunciada hoy sobre la eliminación de la subasta de medicamentos, no podrá optar ya a esos ingresos de 250 millones de euros que el mismo Ejecutivo Andaluz había calculado. También los ciudadanos pierden ese ahorro de hasta el 35% previsto en la compra de medicamentos.
