El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Educación y Deportes y a las diputaciones provinciales para investigar la "ausencia de medidas presupuestarias" de apoyo a los municipios para el mantenimiento de los centros escolares durante la pandemia del Covid-19

En la queja, consultada por Europa Press, la Defensoría indica que tras la declaración el pasado 14 de marzo del estado de alarma para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en el ámbito educativo las medidas adoptadas en Andalucía implicaron, básicamente, la suspensión de las actividades presenciales y la articulación de sistemas de educación a distancia o semi-presencial que han estado en vigor hasta la finalización del curso 2019/2020.

Además, añade que ante el inicio del nuevo curso, las autoridades han venido elaborando varias disposiciones recogidas en dos documentos de referencia sobre el curso 2020-2021, que son las Instrucciones de 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte y el documento denominado 'Decálogo para una vuelta al cole segura'.

Dicho documento, apunta, recoge que "las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud Covid-19 en centros y servicios educativos docentes, elaborado por la Consejería de Salud y Familias, ha sido trasladado por la Consejería de Educación y Deporte en los primeros días del mes de julio a todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma de Andalucía para su conocimiento y el establecimiento de las medidas que les afectan".

Así, la Defensoría subraya que en el marco de estas medidas, las autoridades "han dispuesto actuaciones especiales de mantenimiento en los centros educativos en relación con la limpieza, higiene y desinfección, que se han dirigido a los municipios responsables de dichas labores".

Sin embargo, el Defensor del Pueblo afirma que más allá de la competencia municipal para el ejercicio de dichas tareas de mantenimiento de centros educativos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial, "son muchos los municipios que vienen expresando las dificultades añadidas y agravadas para asumir los gastos de estos trabajos que, en todo caso, implican un significativo aumento de los costes asignados".

Resalta que la mayor intensidad de estas labores, su frecuencia y extensión, generan un aumento evidente de gasto que "las haciendas locales no puede asumir en términos generales", cuanto más en los casos de municipios de escasa población "en los que la simple asunción de estas responsabilidades es, de continuo, un esfuerzo que sobrepasa sus capacidades".

La institución recuerda que con motivo de su Informe Especial sobre los Colegios Públicos Rurales elaborado "hemos podido constar en las visitas a estos municipios pequeños las graves dificultades que asumen para atender cumplidamente esta agravada obligación" y en concreto cita el caso de los municipios de Cañaveral de León o Hinojales, de Huelva, que "han expuesto reiteradamente sus dificultades sin alcanzar a acceder un apoyo presupuestario análogo al aumento de gasto que, de manera tan extraordinaria, les obligan las condiciones decretadas para la apertura y funcionamiento de sus centros educativos en la situación de pandemia".

A dicha petición, agrega Maeztu, se adhirieron todos los municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al tiempo que precisa que la Delegación Territorial de Huelva, en este particular escenario, respondió señalando que "como medida de apoyo y respaldo a los equipos directivos, la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los directores y directoras de los centros educativos más de 200.000 mascarillas, hidrogeles y otro material de protección además, por supuesto, de facilitar que puedan usar los gastos de funcionamiento para adquirir el material adicional necesario".

En todo caso, el Defensor manifiesta que "esta ausencia de medidas presupuestarias de apoyo para tan delicada cuestión estará presente, sin duda, en otros escenarios municipales, en particular en los de menor capacidad de recursos y servicios", toda vez que asegura que en este aspecto concreto "ocupa también un espacio singular" las funciones de apoyo y asistencia que ostentan las diputaciones provinciales respecto de estos municipios de menor capacidad.

Por todo ello, Maeztu propone la apertura de esta queja de oficio
a fin de conocer las medidas de apoyo previstas a los municipios de menor entidad para atender "el incremento extraordinario" de gasto destinado al mantenimiento de centros escolares para cumplir con la normativa especial de lucha contra la pandemia de Covid-19.