Desde que en enero de 2019 el nuevo ejecutivo andaluz formado por el PP y Ciudadanos tomara el mando en San Telmo prometió acabar con el sistema de subastas de medicamentos en los 100 primeros días de mandato. Sin embargo, este método, implementado en Andalucía por el gobierno del PSOE hace ya ocho años no se ha derogado, como se comprometió el nuevo ejecutivo, ni siquiera se pretende eliminar ahora que a finales de este mes se produce la última licitación del sistema de subasta heredado del anterior gobierno, sino que, en un sorprendente giro de los acontecimientos,
la Junta busca aprobar una reforma de la Ley de Farmacia de Andalucía de 2007 por la que se mantendría el sistema de subastas, con algunas modificaciones, pero subastas al fin y al cabo, lo cual ha provocado las protestas de los farmacéuticos. El problema es que, aparte de los farmacéuticos, el gobierno de Juanma Moreno tiene un importante escollo para sacar su plan adelante: nada menos que el PP de Madrid.
Y es que, según informa el periódico especializado 'Sanifax', la vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular y ex ministra de Sanidad del gobierno de Aznar, entre otros muchos cargos,
Ana Pastor, junto con la carta que envió el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, habrían logrado frenar la nueva subasta gracias a "sus múltiples gestiones".
Según Sanifax, Pastor habría convencido a Moreno de la "inoportunidad de la medida".
HISTORIA DE UNA PROMESA
En la precampaña de las autonómicas del 4 de diciembre de 2018, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, prometió eliminar la subasta de medicamentos ante el rechazo de los pacientes y los farmacéuticos. De hecho, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, admitió que este sistema generaba "problemas de desabastecimiento" con los medicamentos. Ahora, con la reforma que propone y que aún debe aprobarse, la Junta quiere seguir con el sistema de subastas porque la realidad es que el sistema permite al gobierno andaluz pagar menos a las oficinas de farmacia en concepto de medicamentos con precio público a la par que aumenta los ingresos.
Este es el motivo del incumplimiento de la promesa electoral, ya que,
como avisó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en 2019, el sistema andaluz para la selección de fármacos es "más eficiente" que el modelo actual en el conjunto del Estado y destacó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ahorrado 560 millones de euros entre 2012 y 2017, lo que supone un 5,6% de los 10.020 millones de euros reportados por el SAS en ese período.
Y es que el sistema vigente
puede generar aportaciones para las arcas públicas de la comunidad autónoma que superen los 1.013 millones de euros durante cuatro ejercicios más --desde el año 2019 al 2022--,
según un informe elaborado por Forest Partners, Estrada y Asociados, S.L.P. Es más, la misma AIReF propuso extender el modelo de subasta de fármacos de Andalucía, aunque con cambios, a toda España. El propio consejero Aguirre explicó en junio de 2019 que las subastas en la comunidad se mantendrían hasta que se cumplieran con los contratos firmados con las empresas (a finales de este mes), "pero que la apuesta que ahora hace la Junta es por la compra centralizada de productos sanitarios y medicamentos".
RECTIFICACIÓN CON MODIFICACIONES
Así, mediante la mencionada modificación, se introducirían cambios en la Ley de Farmacia de Andalucía, a través de la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma.
PP y Cs han presentado una enmienda a la Ley de Presupuestos para tal efecto. Mediante estos cambios se evitarán las adjudicaciones en exclusiva, se habilitará un porcentaje de mejora mínimo, las farmacias podrán elegir el medicamento a dispensar de entre todos los seleccionados y no será obligatoria la realización de convocatorias. De esta manera, al haber más de una marca seleccionada, los pacientes podrán pedir la dispensación del mismo preparado comercial de un medicamento si el mismo figura entre los seleccionados por el SAS en el momento de su dispensación, asegurando que la dispensación se efectúe en el plazo máximo de 24 horas.
Que haya más de un adjudicatario dará a las farmacias una mayor libertad en la gestión de sus existencias al tener mayor oferta de entre las que resulten seleccionadas.
No obstante, el margen de la farmacia no variará ya que el PVP no se modifica. Eso sí, la capacidad de ofrecer descuentos comerciales por parte de la industria se verá mermada por la mejora que tendrán que aportar al SAS. Para evitar los desabastecimientos, el SAS incluirá una cláusula para laboratorios adjudicatarios mediante la cual estas últimas deberán compensar económicamente si el laboratorio o la empresa renuncia al abastecimiento por falta de suministro de los medicamentos y productos sanitarios seleccionados.
MALESTAR DE LOS FARMACÉUTICOS
Este cambio de parecer del gobierno andaluz no ha sentado nada bien ni a la industria farmacéutica ni a los propios farmacéuticos, que desde que se dio a conocer esta modificación han expresado sus quejas.
La Confederación de Empresarios de Oficina de Farmacia de Andalucía (Ceofa) rechaza, "con toda rotundidad", este nuevo sistema. En palabras del presidente de la patronal farmacéutica andaluza, José Luis Márquez “lo único que pedimos es que se cumpla lo prometido, antes y después de las últimas elecciones, es decir, la eliminación total de las subastas andaluzas, no la implantación de unas nuevas”. Insiste el presidente en que “aunque quieran revestirlas de supuestas ventajas, lo único cierto es que significa un incumplimiento flagrante de su promesa estrella electoral”, Ceofa recuerda que la desaparición del sistema de selección de medicamentos fue una promesa electoral clara, que formó parte incluso del discurso de investidura del actual Presidente de la Junta de Andalucía. La patronal asegura que su asesoría jurídica "estudiara con minuciosidad todos los cambios legislativos que se proponen, y si entiende que no se ajustan a derecho los recurrirá como siempre ha hecho".
Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(Cacof), Antonio Mingorance, ha expresado su "rechazo visceral",
pero reconoce que los cambios introducidos en la normativa han optimizado el modelo anterior, algo que, según afirma Mingorance, ha dejado "sin argumentos" todo el arsenal de críticas que tenían los farmacéuticos, según recoge el portal especializado conSalud. Insiste que pese a este rechazo, se han producido una serie de mejoras en relación a los puntos más críticos de las subastas atendiendo a las demandas históricas de los farmacéuticos. “Nos han dejado sin argumentos, ya no hay ninguno. Es perverso en cierto modo, está bien pensado”, recoge el portal de noticias. Destaca que permitir libertad de elección a los farmacéuticos en los medicamentos a dispensar entre los seleccionados es una de las mejoras más importantes.
ACUSACIONES DE "TRAICIÓN" Y UNA NEGOCIACIÓN "SECRETA"
Según conSalud, "
estas declaraciones ha levantado ampollas entre el colectivio farmacéutico andaluz que señalan a Mingorance, el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacúticos (Cacof) y a Bidafarma, como complices de que vuelvan las nuevas subastas a la Junta de Andalucía, traicionando el sentimiento del colectivo farmacéutico y sus socios". Mingorance hizo estas declaraciones el pasado 10 de diciembre, pero en una entrevista publicada por Diario de Sevilla tres días más tarde afirmó que "nos sentimos discriminados respecto a las farmacias del resto de España”. Y es que Andalucía es la única comunidad autónoma de España que tiene vigente el modelo de subastas de medicamentos.
El enfrentamiento ha llegado a tal extremo que el periódico 'El Español' tilda lo ocurrido de "
traición" de Cocaf a las farmacias de Andalucía y cita a Francesc Pla, director de la revista 'El Farmacéutico', quien en Twitter "ha hundido en un solo tuit el plan de la Junta de Andalucía y del ente colegial para mantener el sistema de subasta de medicamentos". Pla, según el citado medio, "
ha aflorado un pacto entre el Gobierno regional y Cocaf que lastraría un 21% el precio de los fármacos, hecho que recortaría el gasto del Ejecutivo regional pero que también barrería el margen de negocio mínimo de las farmacias, tal y como han denunciado los afectados". Pla ha tenido acceso al documento económico del SAS en el que prevé cuatro posibles impactos de su reforma: máximo, alto, óptimo y bajo. Estos escenarios acarrean un aumento de ingresos para la Junta de 250 a 106 millones, a la par que una caida del precio de venta al público de entre el 35% y el 15%. El nivel óptimo recortaría un 21% lo que deben pagar los clientes. Esto generaría ingresos de 150 millones a la administración regional y saldrían perdiendo las farmacias y la industria.
En su tuit, Pla señala los dos asteriscos (**) que el SAS destaca en el documento y que afirman que es el nivel óptimo "aceptable para el Cacof". Según El Español, todo ello se deriva en que "el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Andalucía, presidido por Antonio Mingorance, ha negociado en secreto con la Junta un hachazo al precio de los preparados. Se trata de una traición a los asociados".
Lo único que es cierto en este momento es que a finales de mes se realiza la última subasta de medicamentos, la 'heredada' del gobierno del PSOE y que a partir de ahí, todo está en el aire.
