El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves la demanda que se recogía en una proposición no de Ley del PP-A de que la Junta tramitara y gestionara el ingreso mínimo vital que ha puesto en marcha el Gobierno central.
De los cinco puntos que componían la iniciativa, se han rechazado cuatro y se ha aprobado sólo uno. Ciudadanos ha apoyado en su totalidad la iniciativa del PP-A y Vox la ha rechazado en su totalidad.
Concretamente, la Cámara ha rechazado que las comunidades autónomas puedan asumir en igualdad de condiciones la tramitación y/o gestión del ingreso mínimo vital, evitando la discriminación entre ciudadanos en función de la comunidad autónoma en la que residan. Este punto se ha rechazado con los votos de PSOE-A, Adelante y Vox.
Por otro lado, el único punto que se ha aprobado, en este caso con el apoyo de PSOE-A y Adelante, se refiere a que el Gobierno refuerce los medios personales y materiales que resulten necesarios para agilizar la tramitación, resolución y abono del ingreso mínimo vital.
En defensa de la iniciativa, la presidenta del Grupo Popular, Loles López, ha manifestado que con el tiempo se ha confirmado que para el Gobierno central lo importante no era la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, sino el "titular y quién lo daba". Ha señalado que en este momento medio millón de personas esperan aún en España ese ingreso.
Ha agregado que el Gobierno central es "incapaz de reconocer que ha metido la pata y que ha montado un cirio y un caos y que ha defraudado a miles de personas". Ha agregado que el "mayor logro de la historia" que decía el Ejecutivo nacional se ha convertido en el "mayor fraude" y han creado un "caos burocrático en las comunidades y en los ayuntamientos".
Por su parte, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha manifestado que el PP-A ha planteado esta iniciativa para "confrontar" y "tapar las vergüenzas" del Gobierno andaluz, porque la realidad es que sólo se atienden 20.000 familias con la renta mínima autonómica y el Gobierno central ya otorga, en sólo cinco meses, el ingreso mínimo vital a 50.000 familias andaluzas. Ha denunciado que la consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, mandó un documento a los ayuntamientos para pedirles que se "suspendiera la renta mínima porque para eso ya está el ingreso mínimo vital", pero los consistorios fueron "capaces de parar esa barbaridad".
Asimismo, ha destacado que, aunque haya algunos retrasos en la concesión, el ingreso mínimo viene "con efecto retroactivo" y se pagará a todas las familias desde que lo solicitaron. Ha dicho que la Junta quiere gestionar el ingreso mínimo porque van a ser 700 millones de euros para Andalucía y se quiere "ahorrar" la renta mínima. Ha dicho que a quien corresponde gestionar ese ingreso es al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La diputada de Ciudadanos (Cs) Teresa Pardo ha denunciado la "inacción y la chapuza" del Gobierno central con esta ayuda, y ha indicado que es de "vergüenza" que el 65 por ciento de las ayudas que se han solicitado desde Andalucía ni siquiera se hayan tramitado. Ha indicado que una medida como esta, que es necesaria y que Cs ha apoyado a nivel nacional, no se puede hacer dejando al "margen" de las comunidades y de los ayuntamientos.
El parlamentario de Vox Macario Valpuesta ha manifestado que los poderes públicos debe hacer un esfuerzo para ayudar a quienes se han quedado sin los recursos necesarios para subsistir, sobre todo, en esta situación de pandemia. Ha señalado que la gestión del ingreso mínimo vital ha supuesto un "caos administrativo y burocrático en perjuicio de la función pública y de los posibles beneficiarios". Ha indicado que no comparten el planteamiento de la iniciativa del PP-A de "enmarañar aún más" este ingreso mínimo implicando a las comunidades autónomas, lo que supone "más complicación administrativa". A su juicio, la tramitación debe hacerse por parte de la administración central de manera ágil.
El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha manifestado que la iniciativa del PP-A parece una "broma" porque se plantea para criticar el ingreso mínimo vital, el "mayor logro social desde la Ley de dependencia". Ha defendido que es una medida estructural que ha venido para quedarse y que va más allá de la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Ha indicado, no obstante, que no van a negar que la ayuda no se está tramitando con agilidad y que no está llegando a todas las personas que la han solicitado, de manera que las quejas están "justificadas". Ha achacado esta situación al déficit de personal en el Instituto Nacional de la Seguridad Social por los "recortes" que hizo el anterior Gobierno del PP.
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