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17/01/2021

Málaga

Roca y Julián Muñoz reconocen fraude y prevaricación y se conforman con la pena

El juicio ha comenzado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga

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  • Juan Antonio Roca en los juzgados para el nuevo juicio por irregularidades urbanísticas en Marbella.
  • La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para cada uno de ellos por un delito de fraude
  • A Julián Muñoz, que ha comparecido por videoconferencia, se le ha pedido además doce meses de prisión y cinco años de inhabilitación

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico y cerebro del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, han reconocido este lunes fraude y prevaricación en relación a varias operaciones urbanísticas en Marbella por lo que se han conformado con la petición de pena del fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para cada uno de ellos por un delito de fraude y a Julián Muñoz (que ha comparecido por videoconferencia) se le ha solicitado además doce meses de prisión y cinco años de inhabilitación por prevaricación administrativa y urbanística.

A Roca por el delito de prevaricación administrativa, al considerarlo inductor, se le pide cinco años de inhabilitación.

El juicio ha comenzado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados estaban doce personas más, miembros de la Corporación municipal, exediles del GIL, y empresarios.

Durante la vista oral, que ha quedado suspendida para dos empresarios con los que no se ha llegado acuerdo, se ha retirado la acusación para dos de los implicados.

Los exconcejales del GIL también han reconocido los hechos y se han conformado con las penas que ha pedido el fiscal y que oscilan entre los nueve a quince meses de prisión, según a la corporación municipal a la que pertenecieron, además de cinco años de inhabilitación por prevaricación urbanística.

El presidente del Tribunal, José Godino, ha ido nombrando uno a uno a los acusados para comprobar si se conformaban con la pena y todos ellos han dicho que sí, aunque Julián Muñoz tras expresar su conformidad ha pedido a la Sala si se podía hacer algo para que le suspendieran ya la ejecución de la pena porque le afecta a su libertad condicional.

El magistrado le ha explicado que es su abogado el que tiene que presentar un escrito y así ver qué se puede hacer.

En el relato acusatorio se explica que el fallecido Jesús Gil ideó un reparto de papeles en el que él gobernaba el municipio desde su empresa y Julián Muñoz, en su condición de primer teniente de alcalde actuaba de manera habitual entre 1999 a mayo de 2002 como alcalde accidental.

Aunque tras la condena de Jesús Gil por el 'caso camisetas', sentencia que fue ratificada en abril de 2002 por el Tribunal Supremo, Julián Muñoz accedió a la alcaldía en su sustitución y, posteriormente, tras las elecciones municipales en mayo de 2003, revalidó la mayoría absoluta.

Juan Antonio Roca comenzó su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella en 1992 y pese a no tener cargo electo, tuvo una posición de dominio sobre la corporación municipal hasta el punto de que los distintos concejales y la posterior alcaldesa, Marisol Yagüe, aparecían subordinados a su poder de decisión.

Su dominio en todo fue así hasta su detención el 29 de marzo de 2006, por lo que cualquier actuación urbanística en Marbella tenía que contar con el visto bueno de Roca, ya que controlaba no solo la revisión del planeamiento municipal, sino también los eventuales convenios urbanísticos que los interesados quisieran pactar con el Ayuntamiento.

Roca aprovechó esta circunstancia para lucrarse económicamente con este "urbanismo a la carta" y Julián Muñoz, como alcalde accidental, y los demás integrantes de la comisión de gobierno se limitaron a ratificar con su firma, de manera automática, pero en todo caso plenamente conscientes de su manifiesta ilegalidad y el perjuicio para Marbella, señala el escrito.

En este contexto, los empresarios acusados, dedicados a la promoción y construcción, hicieron varias operaciones inmobiliarias en la que se vio perjudicado el Ayuntamiento y pese a las irregularidades fueron aprobadas por la comisión de Gobierno. 

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