Esas "dudas razonables" son las que tienen los socialistas y las que han forzado a decir que no en el Pleno del martes, habida cuenta de que lo que se vende como una operación por el bien de la ciudad, podría ser en realidad una forma de recuperar el acuerdo que existía entre el Ayuntamiento y los antiguos propietarios mayoritarios, y estos a su vez con la inmobiliaria Urbis que por lógica, debía de ser la que adelantara el dinero para recuperar los terrenos hasta ahora en manos del Ministerio de Defensa. Y hay que recordar que el acuerdo era claramente especulativo.
Para empezar, las viviendas que se contemplan en la propuesta del Bipartito son prácticamente las mismas, y de todas formas excesivas para que el Ayuntamiento pudiera ponerlas en marcha por sus propios medios e incluso pagar el dinero de las expropiaciones. Sólo hay que ver la delicada situación de las arcas municipales.
Sin embargo, este convenio plantea una forma de salir del Proyecto de Delimitación salvando los intereses municipales, ya que la situación se complicaría si el proceso de la reserva de suelo siguiera adelante y la familia Vela fuera expropiada. En ese caso no sólo se vería perjudicado el Ayuntamiento, sin capacidad económica para poner en marcha sus proyectos, sino también la familia Vela y la inmobiliaria Urbis, cuyos acuerdos con la familia Vela pertenecen al ámbito privado.
Más dudas sobre el convenio
Otra de esas “dudas razonables” sobre las que “reflexionan” los socialistas, es la “urgencia sin sentido”, porque no se podrá desarrollar hasta que no se apruebe el PGOU, y se realice la sectorización. La urgencia, no obstante, puede ser para garantizar los parámetros que existían en el anterior convenio con los reversionistas, antes de que pueda pasar alguna contingencia política, por ejemplo, entre los socios de gobierno actuales.
El camino a seguir, pues, es dictar un convenio de bases sin apenas especificar parámetros urbanísticos, “hecho importante porque después lo pueden modificar e incluso incumplirlo sin coste indemnizatorio para el Ayuntamiento”.
De ahí que no realicen un convenio de planeamiento que instituya una sectorización de la zona con todos sus parámetros exhaustivos, como se viene haciendo en cualquier convenio de municipio, circunstancia esta última que a juicio de los socialistas, atendería más a la seguridad jurídica de todos los propietarios.
De todas formas, lo que se consigue con este convenio, en primer lugar, es satisfacer los intereses municipales de obtener una bolsa de suelo importante de forma gratuita y sin gastos de urbanización, aunque los socialistas creen que no es esa su finalidad, sino la de “camuflar bajo la norma jurídica y la firma del convenio intereses espurios”.
Aprovechar el PGOU
También con esta operación se podría entender que se atienden los intereses de la mercantil Urbis, que si bien les resta plusvalía, “ante la inseguridad jurídica del convenio todo puede caber luego”. Y en tercer lugar, la intención posterior, aunque con escaso margen de tiempo, una vez obtenido el apoyo de todos los propietarios, es sectorizar la zona en el propio PGOU antes de la remisión para la aprobación a la Junta de Andalucía, para no tener que realizar el instrumento de forma posterior a la aprobación del Plan, lo cual conlleva la aprobación del instrumento de sectorización por el órgano andaluz correspondiente y ante las escasas expectativas de poder que el PA puede tener en función de la incertidumbre de los acontecimientos.
En el caso de que no fraguara el convenio de bases -dicen los socialistas liderados por Fernando López Gil- atenderán a los que sí han firmado, entre los que posiblemente estarán los grandes reversionistas y la mercantil Urbis, e iniciaran la sectorización de la zona marcando diferentes ámbitos.
Por contra, el sistema de actuación por expropiación será para el ámbito de los que no hallan firmado, con lo que se logra un margen de cobertura legal o jurídica. “Es decir, ajustándose más al Derecho, más amplio que si lo inician ahora en estos instante sin el convenio de bases”.
Hay que tener en cuenta que este convenio se les va a notificar a todos los propietarios, luego, una actitud negativa justificaría a tenor de sus intereses una proceso expropiatarios a través de expediente o del instrumento urbanístico por incumplimiento, además de buscar el apoyo de la población.
Los socialistas creen necesario hacerle ver al Partido Popular que “están siendo engañados por sus socios de Gobierno en sus propias narices, no se enteran de nada, y una pieza clave es el sometimiento de los propietarios de un convenio, que aparte de su régimen coactivo, tan sólo busca la indeterminación jurídica para luego buscar vías más lucrativas para los de siempre. Y de ese hechos están ajenos el PP o no quieren enterarse”.
Unas condiciones que los fuertes pueden asumir y los débiles temer
Los beneficiarios de la exclusión de la expropiación deberán aceptar la
cesión de espacios de usos y dominio público de sistemas locales, incluidos espacios libres y dotaciones, así como de los Sistemas Generales, incluso antes de la aprobación del instrumento de ordenación pormenorizada.
También se incluye la cesión de las plusvalía en un 27 por ciento de la edificabilidad real, coincidente con en el 20 por ciento del aprovechamiento y la ejecución de las obras de urbanización a cargo del interesado. La cesión de las parcelas al Ayuntamiento serán libres de cargas urbanísticas (27 por ciento) y tendrán que participar en la financiación de la ejecución de los sistemas generales y reforzamiento en las infraestructuras exteriores de conexión.
La cantidad a abonar podrá ser requerida antes del proyecto de reparcelación, una vez aprobados los proyectos de ejecución de los sistemas generales.Tendrán que colaborar en la presentación y ejecución de los instrumento de desarrollo y entregar, con la firma de un aval para su cumplimiento equivalente al 5 por ciento de la financiación y adquisición de sistemas generales.
La edificabilidad lucrativa para los interesados es el 0,3 m/2. Incumplir estas obligaciones conlleva la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social que dice contener la reserva. Tienen un mes de plazo para aceptar el convenio.Si no aceptan estás condiciones, se expropia.
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