El juez que abrió una investigación al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y otros nueve ex altos cargos por un préstamo concedido en 1999 a Campocarne ha archivado la causa después de que la Audiencia Provincial de Sevilla considerase prescritos los presuntos delitos.
En un auto dictado el 28 de octubre, la Sección Séptima de la Audiencia sevillana estimó el recurso presentado por un exdirector de Primayor Foods, heredera de Hamsa, al que se adhirió la defensa del exconsejero andaluz de Trabajo Guillermo Gutiérrez y dejó sin efecto el auto de incoación de las diligencias, dictado el 3 de diciembre de 2019 por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
También anuló un auto posterior, del 19 de junio, en el que el instructor desestimó un recurso de reforma contra la incoación de diligencias en un caso que dimana de la macrocausa de los ERE.
La Audiencia declaró prescritos los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos respecto al recurrente, "los demás directivos" de Primayor y "los responsables políticos de la Junta de Andalucía que autorizaron la concesión y el pago del préstamo".
"En ejecución de lo resuelto" por la Sección Séptima, el juez instructor dictó el 18 de noviembre otro auto, que es firme, en el que también declara la prescripción y decreta el "archivo definitivo" de las actuaciones.
En la resolución, facilitada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado expone que no procede resolver el incidente de nulidad planteada por el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías o el recurso de reforma interpuesto por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ambos investigados.
El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, abrió una pieza para investigar si Chaves y otros nueve ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos cinco exconsejeros, cometieron algún delito al autorizar un préstamo "puente" de 5.829.817 euros que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) concedió a Campocarne Andalucía, antes conocida como Hamsa y después como Primayor.
Ese crédito, otorgado el 29 de octubre de 1999, fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre y se materializó el 22 de diciembre mediante dos cheques por la suma total de 970 millones de pesetas.
El juez y Anticorrupción defendieron que la malversación se consumó en diciembre de 2005, cuando los fondos dejaron de ser un activo del IFA como consecuencia de su "impago o amortización fallida", teniendo en cuenta que el préstamo tenía un plazo de amortización de seis años desde su firma.
La Audiencia no compartió ese criterio y recordó que la malversación "se consuma con la sola realidad dispositiva de los fondos públicos", según la doctrina del Tribunal Supremo.
En el caso de Campocarne, la empresa "dispuso del dinero en el momento de su entrega material", el 22 de diciembre de 1999, "cuando el IFA liberó los fondos" a través de los cheques y la mercantil "los incorporó a su activo".
Fue entonces, según la Sección Séptima, cuando se produjo el "desplazamiento patrimonial en perjuicio del erario público", por lo que el plazo de prescripción de la malversación, que es de quince años, estaba cumplido cuando se incoó la causa el 3 de diciembre de 2019.
La Audiencia añade que "nunca" hubo "voluntad de devolución ni de cobro del préstamo", por lo que los delitos "habrían quedado consumados" desde la "misma génesis" del crédito, es decir, desde la escritura pública firmada el 22 de diciembre de 1999.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
