El ERE temporal de SOS afectará a 950 trabajadores

SOS Corporación Alimentaria, con instalaciones en Andújar (Jaén), y Alcolea (Córdoba), presentará el próximo lunes, 23 de noviembre, ante el Ministerio de Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que pretende aplicar en todos sus centros de trabajo en España durante un máximo de seis meses, con 950 trabajadores afectados, informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

La compañía alimentaria y los sindicatos CCOO y UGT constituyeron ayer la mesa negociadora del ERE y acordaron un calendario de reuniones que recoge como plazo inicial para cerrar un acuerdo el próximo 17 de diciembre.

Las fuentes destacaron que la propuesta del grupo es "maximalista", dado que toda la plantilla, incluidos trabajadores fijos, fijos-discontinuos y temporales, estaría "potencialmente" afectada por el expediente, aunque posteriormente, por razones productivas, se puede decidir no aplicarlo al completo.

Entre los sindicatos existen "muchas dudas" sobre la necesidad del ERE, al entender que se plantea como una medida de ahorro de costes para reducir la deuda "insostenible" del grupo -unos 1.200 millones de euros-, lo que supone que la plantilla "paga el pato de la mala gestión de los directivos", en referencia a los ex ejecutivos, Jesús y Jaime Salazar.

Así, consideran que SOS tiene que justificar que existe un exceso de capacidad productiva, dado que, según aseguran los delegados de los centros, "la actividad de las plantas es bastante normal y en algunos casos se requiere más personal".

Los representantes de los trabajadores pretenden asimismo solicitar a la compañía información sobre la marcha de las negociaciones con la banca acreedora, al tiempo que, en relación con las desinversiones previstas, pedirán la inclusión de "medidas condicionales" al ERE. Así, se preguntan "qué sentido tiene" incluir determinadas actividades si la compañía tiene previsto desprenderse de ellas, como el arroz.

SOS no ha definido aún las prestaciones que podrían percibir los trabajadores afectados, al considerar que esos acuerdos se deberán desarrollar en cada centro, según las mismas fuentes.

La intención del grupo es parar todos los centros de trabajo en España durante un periodo máximo de seis meses y dentro de los doce meses siguientes a la fecha de autorización de la medida, según comunicó la empresa a finales de octubre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta medida, el grupo alimentario prevé obtener un ahorro de costes de diez millones de euros, según confirmaron la pasada semana a Europa Press en fuentes de la compañía.

La multinacional se encuentra inmersa en el proceso de renegociación de su deuda, que asciende a unos 1.200 millones de euros y que prevé reducir a la mitad en dos años con un plan de negocio hasta 2013 que incluye la desinversión en activos inmobiliarios y en todos aquellos negocios que no sea el aceite vegetal, como el arroz.