El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha denunciado este miércoles que el Gobierno de España aún no ha transferido los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que le corresponden a Andalucía en este ejercicio y que ascienden a 15 millones de euros.
"A falta de dos meses para que termine el año y pese a que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado mes de mayo el reparto de dichos fondos, aún no han sido transferidos", se ha quejado en un comunicado la directora del IAM, Laura Fernández.
Ante esta situación, ha demandado al Ministerio de Igualdad la convocatoria de una reunión bilateral para agilizar la transferencia "inmediata" del dinero que le corresponde a Andalucía.
Fernández ha destacado que el pago de estos fondos es "crucial" en estos momentos de emergencia sanitaria, social y económica ocasionada por la covid-19, donde las mujeres víctimas de violencia machista son "especialmente vulnerables".
Por ello, ha reclamado una explicación ante una demora que considera "injustificable", pues faltan dos meses para que termine el año.
Andalucía tiene que recibir un total de 15.286.964,44 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 1.124.757,82 euros para la financiación de programas y prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia machista.
La directora del IAM ha resaltado que Andalucía está desarrollando todos los proyectos previstos para este año, ya que con la finalidad de facilitar la ejecución de los fondos del Pacto de Estado se consignaron en el Presupuesto de la Junta de Andalucía créditos por una cuantía de 15.312.977 euros, lo que supone 26.000 euros más de la cantidad asignada finalmente por el Gobierno de España.
Además, Andalucía ha vuelto a reclamar un cambio en el procedimiento de gasto por anualidades, al considerar más razonable el funcionamiento de los fondos europeos, es decir, que la ejecución de los proyectos se pudiera llevar a cabo durante los cinco años en que está presupuestado el Pacto de Estado, realizándose su justificación en el período máximo de un año posterior a la finalización de los mismos.
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