La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha acogido este miércoles una nueva sesión del juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad financiados con cargo a los fondos autonómicos.
En esta nueva sesión ha llegado el turno de comparecencia como acusado de Andrés Carrasco Muñoz, natural de El Pedroso (Sevilla) y quien habría sido beneficiado de dinero de las prejubilaciones del ERE promovido en 2003 por Acyco para extinguir 35 puestos de empleo en condiciones "muy favorables", según un responsable de dicha empresa también acusado en la causa, sin haber formado nunca parte de su plantilla.
Andrés Carrasco Muñoz se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, extremo que había adelantado ya su abogado defensor en una de las sesiones previas, si bien la Fiscalía ha reclamado la lectura de diversos fragmentos de sus comparecencias previas en la fase de instrucción judicial del caso y en sede policial.
Así, ha sido leída en la sala su comparecencia ante la que fuera juez instructora del asunto Mercedes Alaya, ante la que este acusado manifestaba que era "amigo" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero porque ambos eran naturales de El Pedroso, figurando Guerrero también como acusado en este juicio hasta su reciente muerte víctima de una neumonía.
Durante esa comparecencia judicial, rescatada durante esta sesión del juicio, este acusado manifestaba que acudió él mismo a Francisco Javier Guerrero para pedirle trabajo porque sus ingresos apenas rondaban los "600 o 700 euros" al mes por regentar un quiosco de churros por cuyo arrendamiento pagaba 50 euros mensuales al Ayuntamiento de El Pedroso y tenía tres hijos, uno de ellos menor de edad y otros dos en su veintena.
Admitiendo que nunca ha trabajado en Acyco, este vecino de El Pedroso beneficiado con los fondos autonómicos librados para las prejubilaciones del ERE promovido en 2003 por dicha empresa explicaba a la juez Alaya que confió en la "legalidad" de la ayuda económica que le facilitó Francisco Javier Guerrero, porque este último así se lo aseguró, por las "muchas ayudas que se conceden" desde la Administración y por su "condición de separado" y su situación económica derivada de sus bajos ingresos y sus cargas familiares.
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