La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. El legislativo, el ejecutivo y el judicial se deben constituir de acuerdo con la voluntad de los españoles. No hay atajos. Sin embargo, los tribunales superiores de justicia de varias comunidades autónomas pretenden hacer la labor de cámaras legislativas indicando la manera de elección de su órgano de gobierno. No las asociaciones judiciales, sino los tribunales, como critica Fernando Santiago. Los componentes de dichos tribunales son curtidos profesionales que realizaron las oposiciones de jueces y fiscales para, por la responsabilidad que les otorgó el Estado, impartir justicia de acuerdo con las leyes. Son un poder del Estado, pero no el poder del Estado. Y son también, como señala Michel Rocard, un servicio público, a pesar de la majestuosidad de su puesta en escena.
Hay otros poderes. Hay unos ciudadanos que, encuadrados en partidos políticos, se presentan para formar la representación del pueblo español mediante el voto directo, secreto e igual en las circunscripciones en que está dividido el Estado. Se forman las cámaras y ellos sí “representan al pueblo español” y tienen la responsabilidad de componer el ordenamiento jurídico, aunque con estricta sujeción a la Constitución. Para su correcta interpretación se elige el Tribunal Constitucional. El Congreso elige al presidente del gobierno, que nombra gobierno y responde ante las cámaras. La función del ejecutivo es la gobernación del país. No hay compartimentos estancos. Hay corredores que enlazan a los distintos poderes. Las cámaras nombran en buena parte a los componentes del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional, el gobierno rinde cuentas ante las cámaras y puede ser revocado pero los jueces no pueden ser “separados, suspendidos, trasladados ni jubilados” arbitrariamente, para preservar su independencia y pueden actuar frente al ejecutivo, con sus resoluciones. Los poderes y contrapoderes tienen obligados canales entre ellos.
Es tan disparatado que los profesores elijan al ministro de Educación o los hipotecados y embargados a la ministra de Hacienda como que sólo los jueces nombren a todo el Consejo General del Poder Judicial o los catedráticos de derecho constitucional al Tribunal Constitucional. Los miembros del gobierno, las cámaras y los tribunales requieren solvencia, independencia y sentido de Estado. Eso lo dan las personas, para ni tener la tentación de controlar ni tolerar ser controlados.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
