El exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha comparecido este martes como acusado en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sobre las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad, acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar.
La Sección Tercera de la Audiencia reanudaba este pasado lunes la vista después de que el juicio comenzase el pasado 9 de septiembre y de la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes. Respecto a tales cuestiones previas, recordemos que el tribunal ha denegado excluir del juicio a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía afectados o juzgados en la causa judicial relativa al denominado como "procedimiento específico" mediante el cual eran financiadas las subvenciones para los ERE o para las empresas, figurando Fernández entre los mismos.
De dicha causa judicial, en ese sentido, deriva la sentencia condenatoria para 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo, entre ellos varios de los acusados en este otro procedimiento y figurando entre los mismos el exconsejero Fernández, condenado en concreto a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta.
EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM
Aunque las defensas de los ex altos cargos de la Junta afectados por dicha causa judicial habían invocado el afán "globalizador" de la misma, recordando el principio 'non bis in idem' que impide que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez y el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia en ese sentido, la Sección Tercera ha resuelto que los hechos juzgados ahora "no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni, en concreto, en el denominado procedimiento específico" juzgado por la Sección Primera con la sentencia ya descrita.
Por eso, la Sección Tercera acordaba continuar el juicio contra todos los acusados y, una vez tomado conocimiento del reciente fallecimiento de uno de ellos, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, víctima de una neumonía, la vista era reanudada contra el resto de los acusados, como son Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano; Encarnación Poto como presidenta del consejo de administración de Acyco; el director de Recursos Humanos de la empresa, Gabriel Barrero; el abogado José Miguel Caballero; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo y Andrés Carrasco Muñoz, amigo de Guerrero y prejubilado con cargo al ERE promovido en esta empresa pese a no formar parte de su plantilla.
Eso sí, mediaba la "respetuosa protesta" de las defensas ante dicha decisión del tribunal, figurando entre las mismas la de Antonio Fernández, cuyo abogado había presentado un escrito anunciando su decisión de elevar tal extremo al Tribunal Constitucional y declinar la participación activa en el juicio. Así, anunciaba que Fernández se acogería a su derecho constitucional a no prestar declaración como tal.
FERNÁNDEZ SE ACOGE A SU DERECHO A NO DECLARAR
En ese sentido, tras finalizar este martes la comparecencia como acusado de Gabriel Barrero, quien había comenzado a declarar este pasado lunes, ha llegado el turno de la comparecencia de Antonio Fernández. Brevemente, el exconsejero ha recordado el contenido del escrito registrado por su abogado, ratificándose en el mismo y expresando su decisión de acogerse a su derecho "constitucional a no declarar".
Tras ello, el fiscal ha solicitado la lectura en la sala de diversos fragmentos de las comparecencias de Antonio Fernández durante la fase de instrucción de las diligencias, con relación a las subvenciones a Acyco, considerando que se trata de "material probatorio" a incluir en el juicio, extremo ante el cual ha protestado en dos ocasiones la defensa del exconsejero avisando de que su decisión de acogerse a su derecho a no declarar implica la no ratificación de tales comparecencias previas.
El presidente del tribunal, no obstante, ha expuesto que no hay jurisprudencia "unánime" en torno al asunto, permitiendo la lectura de tales fragmentos mientras la representación de Fernández solicitaba que los mismos no figuren como prueba en el juicio.
En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de conclusiones provisionales, solicitó para el exconsejero de Empleo ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, así como cuatro años y medio de prisión, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial, con relación a esta pieza separada.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
