Abengoa ha vuelto ampliar el plazo para cerrar su acuerdo de reestructuración, que expiraba este jueves, a espera de que la Junta de Andalucía encuentre una solución para poder participar con su financiación en el plan de rescate del grupo.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa indica que, "una vez obtenidos los consentimientos necesarios al efecto", se ha procedido a extender de nuevo el plazo para la aportación del compromiso de apoyo financiero de la Juntade Andalucía, así como el plazo para el cierre de la operación hasta el próximo 23 de octubre.

El 25 de septiembre, el grupo de ingeniería y energías renovables anunció que había logrado el respaldo de sus acreedores a su acuerdo de reestructuración, con lo que su rescate quedaba pendiente de la participación de la Junta de Andalucía, que debía confirmar su apoyo financiero de 20 millones de euros antes de finalizar el septiembre.

Sin embargo, el grupo presidido por Gonzalo Urquijo ya se vio obligado a ganar 15 días de tiempo por parte de sus acreedores para intentar buscar una solución que desbloqueara la negativa del Gobierno andaluz a participar en la reestructuración y poder sacar adelante así su plan de rescate.

Abengoa ha calificado siempre como "necesaria e imprescindible" esta refinanciación de la Junta para el rescate de la compañía y ha destacado que todos los grupos de interés han realizado "importantes sacrificios" para poder mantener la actividad de la empresa y los empleos.

Junta rechaza aportar veinte millones a Abengoa al no existir cauces legales

Sin embargo, nuevas voces del Ejecutivo andaluz han rechazado esta participación, en esta ocasión, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que ha insistido hoy en que la Junta de Andalucía "no tiene instrumentos financieros ni mecanismos legales" para conceder una ayuda de veinte millones de euros a Abengoa y ha alertado de los riesgos que se cometieron en el pasado con los fallidos préstamos y avales en los casos ERE, Isofotón e Invercaria.

En comisión parlamentaria para informar sobre perspectivas de futuro de la empresa Abengoa y el mantenimiento del empleo en Andalucía, a petición del grupo socialista, la consejera ha expresado su preocupación por el futuro de la multinacional andaluza y de sus aproximadamente 1.800 trabajadores en Sevilla, si bien ha insistido en que la "crisis de esta empresa no es por culpa de la Junta" y, de hecho, ya ha sido rescatada en dos ocasiones desde 2015 evitando el cierre definitivo.

"Los problemas de Abengoa vienen de atrás y no se solucionan con una aportación de la Junta de 20 millones", ha afirmado la consejera en alusión al supuesto compromiso que adquirió el Gobierno andaluz, según Abengoa, para aportar dicha cantidad dentro del proceso de reestructuración financiera de la ingeniería y cuyo plazo amplió hasta este jueves en espera de la respuesta de la Junta.

El diputado del PSOE Juan José Martín ha lamentado el "jarro de agua fría" de la Junta para las más de 2.500 familias que dependen de esta multinacional andaluza y le ha pedido que "dé un paso adelante" buscando soluciones como ha hecho en otros casos como, por ejemplo, con Canal Sur, al que aportó recientemente once millones del fondo covid-19.

Ha acusado a la Junta de crear expectativas e ilusionar a la empresa y a los más de 7.000 trabajadores entre directos e indirectos para finalmente no "concretar nada" y ha defendido que se conceda ese dinero a una empresa puntera e innovadora como Abengoa.

La consejera le ha recordado que cuando gobernaba el PSOE en Andalucía en 2017 el anterior consejero de empleo, José Sánchez Maldonado, defendió el mismo planteamiento que el que sostiene ahora el gobierno andaluz en relación con los apoyos públicos a Abengoa en el sentido de que cualquier mecanismo debe ser legal y transparente y validado por los servicios jurídicos .

Ha incidido en que "existen precedentes que hacen actuar las máxima de las cautelas" y se ha referido al informe de la Cámara de Cuentas que sitúa en 119 millones los avales concedidos por la Junta a empresas pendientes de recuperar en 2018 y muchas de ellas están en concurso de acreedores, ha apuntado.

Igualmente, en el pasado se obviaron los requisitos y las finalidades de las subvenciones excepcionales, lo que ha motivado la apertura de procedimientos penales para su recuperación.

Y ha puesto el caso de la malagueña Isofotón, que era puntera en energía solar, y la Junta le otorgó ochenta millones en subvenciones en siete años y entró en 2013 en concurso de acreedores y ahora los tribunales juzgan la supuesta ilegalidad de esas ayudas, así como las de Invercaria.

En el caso de las ayudas públicas a los ERE la sentencia confirmó malversación de fondos y prevaricación en este sistema puesto en marcha durante más de una década por el anterior ejecutivo socialista y que condenó a altos cargos de la Junta, ha recordado la consejera, quien, además, ha señalado que se constató la discriminación de más de 112.000 trabajadores que estuvieron afectados por ERE pero no se beneficiaron de las ayudas frente a los 6.099 que sí lo hicieron.