El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preguntará a un juez en el momento que los expertos recomienden el cierre de una ciudad que cuente con más de 100.000 habitantes. Tratará de buscarse una garantía legal para poder adoptar medidas restrictivas y de limitación de movilidad. Por ahora, una de las grandes ciudades andaluzas que se ven amenazadas por esta situación es Granada, que cuenta con una tasa de 453,4 casos por cada 100.000 habitantes y la evolución de casos se ha disparado en los últimos siete días.
Esta decisión ha sido tomada por el Gobierno andaluz una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya tumbado el cierre de la Comunidad de Madrid ordenado por el Ministerio de Sanidad la pasada semana. Así, todas las medidas de restricción para frenar los contagios han sido anuladas.
Así pues, Juanma Moreno ha recomendado al Gobierno de España “que aprenda de los errores y, a partir de ahora, mantenga un diálogo fluido, franco y sincero con las comunidades autónomas para evitar circunstancias” como el auto que ha emitido el TSJM. A preguntas de los periodistas en el Parlamento andaluz sobre esta decisión judicial del tribunal madrileño, Moreno ha comentado que lo que ha sucedido con el TSJM es “crónica de una actuación judicial prevista, de una muerte anunciada, en el sentido de que las cosas, cuando se hacen con prisa, cuando se hacen sin contar con las comunidades autónomas, cuando se improvisa, al final sucede lo que sucede”, según ha añadido.
Al respecto, Moreno ha señalado que, “desde hace tiempo”, Andalucía, entre otras comunidades autónomas, está avisando de que “no existe respaldo judicial” a determinadas medidas, porque “no se ha desarrollado una legislación estatal, nacional y básica en materia sanitaria que permita a una comunidad autónoma tomar decisiones en el ámbito de la limitación de movimientos”.
Mientras tanto, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado que la decisión del TSJM de rechazar el cierre de Madrid impuesto por el Gobierno central al afectar a derechos fundamentales “es la demostración de que no se puede hacer política con la salud de la gente”. Díaz ha lamentado las “presiones injustas” que sufrió el Gobierno central durante el estado de alarma por parte de quienes “presionaron diciendo que no hacía falta el estado de alarma y que había otras leyes, como la de salud pública o la sanitaria”.
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