La publicación del decreto-ley que modifica la ley de Cajas de Ahorro de Andalucía en el BOJA el 24 de octubre, junto a la mayoría del PSOE en la Cámara, ha convertido el debate de su convalidación o derogación en un trámite.
Antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, la Junta intentó sin éxito consensuar el decreto con la oposición.
La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, solicitó el apoyo para que el sistema financiero salga fortalecido de la complicada situación económica y financiera, y consideró "imprescindible afrontar el desafío" aunando esfuerzos.
Justificó el decreto-ley en la idea de dar cobertura legal a la fusión como consecuencia del especial régimen que en materia de órganos de gobierno tiene actualmente reconocida en la Ley Cajasur, entidad fundada por la Iglesia.
"Es necesario modificar la Ley para remover posibles obstáculos normativos que pudieran entorpecer, ralentizar o desnaturalizar la marcha de este u otros procesos de fusión", destacó.
A estas razones, apuntó la de la "oportunidad" política que aconseja "incentivar las fusiones" y la de aportar certeza y seguridad jurídica a las futuras entidades.
Antonio Sanz, del PP-A, apoyó la fusión, pero tildó de "torpeza" política diseñar unos cambios que "no satisfacen a nadie" cuando todo el mundo respalda el proceso de unión de las cajas.
"Lo que traen aquí es una auténtico decretazo para garantizarse el poder político del PSOE en las cajas. Ese es el tufo y la realidad del decreto-ley", denunció Sanz, que culpó a la consejera de "no" favorecer el consenso.
Tramitación como proyecto de Ley
En su opinión, este proceso es el de la oportunidad "perdida", al tiempo que insistió en que "más vale una ley consensuada y estable en dos meses que un decretazo sin debate y sin consenso", por lo que exigió tramitar la reforma mediante un proyecto de ley.
Sanz criticó el "intervencionismo" del texto y exigió al Gobierno andaluz que rectifique.
Pedro Vaquero (IU) abogó por el consenso, aunque aclaró que para eso deberían haberse tramitado los cambios como proyecto de ley al que poder hacer alternativa, por lo que rechazó la fórmula de decreto-ley.
"Apostamos por un sistema financiero fuerte, por una banca pública o una gran caja en la que poder responder a situaciones como la actual crisis y al bienestar de los andaluces", demandó.
Vaquero solicitó mantener el empleo en las cajas fusionadas y que este proceso no afecte al aspecto público de las entidades.
Los cambios contemplan la obligatoriedad de respetar los porcentajes de representación en los órganos de gobierno de las cajas durante el periodo transitorio de los mismos y, en el caso de fusión por creación de nueva entidad, la duración de este periodo se amplía de dos a tres años.
El decreto garantiza la permanencia de los órganos de gobierno hasta la conclusión de la fusión y establece que se computará como un único mandato el que se viniera desempeñando desde la última elección o reelección hasta la finalización del periodo transitorio, aun cuando supere el límite de doce años.
Menciona el proceso entre Unicaja, Cajasur y la Caja de Jaén, recogiendo que la futura entidad, que estará pilotada por Braulio Medel, presidente de Unicaja, quedará sometida al régimen jurídico general, aunque se reconoce la presencia que tendrá el Cabildo de la Catedral de Córdoba.
Además, prevé fusiones interterritoriales y que la Junta pueda acordar con otras comunidades el periodo transitorio y su duración.
Como novedades, las entidades resultantes tendrá que realizar un pronunciamiento sobre las posibles consecuencias sobre el empleo y el impacto de género en los órganos de gobierno.
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