La Consejería de Igualdad ha solicitado al Ministerio de Inclusión una reunión "urgente" para avanzar en la gestión compartida del Ingreso Mínimo Vital con Andalucía ante los "problemas" generados por la entrada en vigor de la ayuda estatal.
En una carta, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha pedido la reunión al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con "el objetivo de hacer más efectiva la Renta Mínima andaluza".
La Consejería, que pide la gestión compartida entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, ha afirmado en un comunicado que siguen tramitando la renta mínima "para que la población andaluza más vulnerable no quede desprotegida en estos momentos de emergencia social por la pandemia de Covid-19".
Ruiz afirma que es necesario reforzar los servicios sociales comunitarios, como asegura que ha hecho Andalucía al destinar recientemente más de 7,7 millones de euros para contratar a 422 nuevos profesionales con el objetivo de agilizar la tramitación de la Renta Mínima.
La consejera se ha referido al futuro de la prestación andaluza y su funcionamiento durante el periodo de convivencia con la estatal: “La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía es subsidiaria a cualquier otra prestación a la que las personas beneficiarias pudieran tener derecho".
"Pero este carácter se refiere al efectivo ingreso de dicha prestación, por lo que si no se percibe el Ingreso Mínimo, se puede solicitar la Renta Mínima andaluza”, ha apuntado la consejera.
La Junta de Andalucía está “estudiando cómo complementar la prestación estatal, tanto para incrementar la dotación económica a las familias con hijas e hijos menores de edad como para llegar a las personas vulnerables que no tienen acceso al Ingreso Mínimo con el fin de que ninguna persona o familia andaluza que lo necesite se quede atrás”, ha dicho Ruiz.
“La nómina mensual de la Renta Mínima ha alcanzado máximos históricos en junio, con un importe de cerca de 17,4 millones de euros y 20.019 unidades familiares atendidas, lo que representa un incremento de casi un 200 por ciento respecto a la nómina del pasado mes de marzo al inicio de la crisis social y sanitaria”, según la consejera.
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