Los populares consideran que el Plan de Viabilidad Económica debería sustentarse sobre cuatro pilares. En primer lugar, se considera imprescindible que las administraciones públicas demuestren su compromiso con la ciudad abonando los 21 millones de euros que adeudan en concepto de “impuestos no pagados y transferencias correspondientes a los tres últimos años”.
A continuación, García-Pelayo defendió la necesidad de aplicar una nueva política de personal capaz de contener el gasto público. La portavoz popular hizo públicos datos divulgados por el Ministerio de Administraciones Públicas en los que se pone de manifiesto que los gastos de personal se han incrementado en los últimos años en un 100 por cien, habiéndose pasado de 55 a 110 millones de euros en el periodo comprendido entre 2004 y 2009. De hecho, en la etapa de Gobierno popular, la nómina mensual del Ayuntamiento ascendía a 3,9 millones de euros, cuando ahora ronda los 8 millones, justo el doble.
García-Pelayo entiende que “cualquier decisión” que se adopte en este sentido debe sustentarse sobre un “acuerdo” y no a través de la “imposición”. Entre otras cosas, los populares proponen “que se ponga en marcha” la Mesa de Contratación, que no se reúne “desde hace cuatro años”.
A partir de ahí, es necesario proponer un estudio de las “necesidades reales” del Ayuntamiento en materia de personal, abogando García-Pelayo por “reorganizar” la plantilla, de manera que exista una “estructura retributiva lógica y adecuada a los puestos de trabajo, y no a las personas”.
En este apartado, la portavoz popular restó importancia a la decisión adoptada por Pilar Sánchez de bajarse el sueldo un 10 por ciento, toda vez que su salario “seguirá siendo galáctico”, al tiempo que insistió en la necesidad de reducir el número de asesores del Gobierno. En concreto, propuso eliminar un asesor por cada mil parados, con lo que en la práctica desaparecería esta figura profesional.
El Plan de Viabilidad Económica debería incluir también medidas encaminadas a “redirigir” todos los programas, de manera que aquellas iniciativas que no sean de competencia municipal sean sufragadas por las administraciones que estén obligadas a prestar esos servicios.
Por último, García-Pelayo planteó la necesidad de incluir en el documento un plan de pago a los acreedores, asegurando que el Ayuntamiento adeuda en este concepto unos 350 millones de euros, lo que ocasiona el cierre de “muchas empresas”.
“El PP trata de crear alarma social”
La delegada municipal de Recursos, Ainhoa Gil, acusó a la portavoz popular de “tergiversar datos, a sabiendas de que lo está haciendo, con el único y firme propósito de crear alarma social e intoxicar a la opinión pública”, a propósito de las cifras ofrecidas sobre el incremento del gasto en materia de personal, que el Gobierno local no comparte. Según la concejal socialista, “es una irresponsabilidad política la oscura maniobra de la señora García-Pelayo, con una manipulación de datos por la que la ciudadanía le pasará factura”.
La delegada de Recursos lamenta que este hecho no sea “aislado”. “Los populares ya nos tienen acostumbrados desde hace tiempo a estas actuaciones. Hoy -por ayer- ha tocado criticar al Gobierno local en materia de personal y mañana tocará otra cosa. ¿Cuál será el tema que elegirán para intentar generar alarma social?”, preguntó Ainhoa Gil. La delegada municipal de Recursos concluyó advirtiendo de que “el nerviosismo de García-Pelayo le lleva a desconectarse de la realidad, hasta el punto de olvidar la sencilla operación matemática de sumar”.
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