El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores ha criticado la "inutilidad" de la habilitación parcial de agosto y ha denunciado que los veinte días en que su colectivo y el de abogados han tenido que trabajar han provocado "grandes problemas y nulos resultados".
El pleno del Consejo se reunió el 31 de agosto para valorar la habilitación extraordinaria adoptada por el Real Decreto Ley 16/2020 y, basándose en los informes y las estadísticas colegiales de ese mes, ha expresado su "malestar" por una medida que, "en lugar de resolver las dificultades y atrasos generados por la pandemia" de coronavirus, "no ha reactivado la actividad judicial".
Los diez colegios andaluces de procuradores, que ya criticaron la decisión ministerial antes de que se aplicase, indican en una nota firmada este jueves a la que ha tenido acceso Efe que el Gobierno "ha obligado a trabajar sin descanso a los procuradores" y, por el contrario, "ha mantenido el respeto a las vacaciones de los funcionarios, jueces, fiscales y letrados de administración de justicia".
Los procuradores "se verán obligados a trabajar dos años de forma ininterrumpida, pese a no suponer mejora ni avance para la justicia", prosigue.
"No se ha dado continuidad a la actividad judicial, ni se ha recuperado para los ciudadanos este servicio público esencial, ni la Administración de Justicia ha realizado ningún esfuerzo adicional para garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos en este ámbito ni las Administraciones competentes han desarrollado una labor organizativa para llevarla a cabo", lamenta el Consejo.
El Consejo también resalta la "discriminación" que supone el hecho de que la Ley no pudiese ser aprobada por el Senado porque sus miembros estaban de vacaciones, lo que considera "una total falta de ejemplaridad".
Además, continúa, el "esfuerzo extra" de sus colegiados "no ha servido para solucionar en lo más mínimo el atasco que padece la Justicia", entre otros motivos porque las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) orientadas a reducir "al mínimo esencial" las notificaciones cuyo plazo precluyese entre el 11 y 31 de agosto "han sido contravenidas de forma generalizada".
"Han existido envíos masivos de notificaciones sin ningún carácter esencial ni urgente que perfectamente se podían haber notificado en septiembre", como señalamientos "incluso para diciembre de 2023", añade.
"Se ha generado un volumen de trabajo suficiente para dejar sin el descanso necesario a los procuradores y, al mismo tiempo, insuficiente para solucionar los preocupantes retrasos" de la Administración de Justicia, de modo que "el ciudadano seguirá padeciendo el mismo letargo e inactividad en la tramitación de sus reclamaciones judiciales hasta que no se acometan profundas reformas con inversiones y dotaciones en personal y medios", reclama.
El Consejo, además, anuncia que presentará una queja formal "ante las instituciones correspondientes".
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