El desastre educativo en que terminó el curso educativo pasado no puede ni debe repetirse. La educación, la formación exige - incluso en los niveles universitarios, en los demás es más que obvio - un componente presencial. La educación a distancia, telemática, no presencial, no incluye una educación integral, social, formadora de la persona. La opción no presencial no se hizo por gusto. La pandemia azotaba y el confinamiento obligó a recluir a los alumnos en sus domicilios. Padres, alumnos y profesores hicieron lo que pudieron sin un entrenamiento previo para ello. Pero ese escenario no puede repetirse.
Para el nuevo curso se ha perdido tiempo y esfuerzo de planificación y de gasto educativo, cuando queda menos de un mes para el inicio del curso. Se han empezado a tomar medidas para garantizar la seguridad sanitaria de alumnos y profesores en su necesaria vuelta a las aulas demasiado tarde. Son medidas tardías e insuficientes para el problema enorme que significará acoger a millones o centenares de miles -dependiendo del ámbito territorial que se escoja - de niños, adolescentes y jóvenes en espacios cerrados y de muy difícil contención.
El ejemplo de Italia ha sido contundente. Inversiones cuantiosas en nuevos profesores y arreglo de centros para garantizar las clases presenciales de manera decente. Aquí, en Andalucía, la reacción ha sido muy tímida. Inicialmente se quiso salir del paso con la delegación de competencias en los directores de los centros y ayuntamientos, pero eso, a todas luces, era un despropósito, dada la escasa -y lógica- no preparación técnico-sanitaria de los directores de centros, como denunció su asociación. Ahora un extenso documento del gobierno andaluz trata de arreglar la vuelta a las aulas.
La Consejería ha difundido un documento con 10 puntos: 1.Responsabilidad compartida. 2.Participación, diálogo y compromiso. 3. Coordinación. 4. Formación e información. 5. Recursos Personales. 6. Recursos materiales, 7. Flexibilización. 8. Organización. 9. Servicios Complementarios. 10. Documentación.
Se recogen las preocupaciones de docentes y padres con preguntas y respuestas: “Siempre se deben seguir las medidas y recomendaciones que determinen las autoridades sanitarias competentes”. “La responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede achacar a los centros o a sus equipos directivos”. Son indudablemente bien intencionados pero los directores exigen más garantías legales, que los amparen en los presuntos rebrotes. Las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales, las de Salud y Familia así como la Inspección se van a tener que emplear a fondo para salvaguardar la seguridad de las comunidades educativas. La incomprensible gran incógnita son las inversiones empleadas y los profesores contratados y su detallado reparto.
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